Propósito, ámbito y contexto de la Ley 2482 de 2025

La Ley 2482, sancionada y publicada el 16 de julio de 2025, tiene como propósito principal establecer un marco jurídico para la conmemoración anual del genocidio contra la Unión Patriótica, un movimiento político que sufrió graves violaciones de derechos humanos en Colombia. La norma se enmarca en el ámbito social y político, orientada a la reparación simbólica y la dignificación de las víctimas y sus familiares, así como a la preservación de la memoria histórica y la promoción de la verdad sobre estos hechos. Su creación responde al contexto de reconocimiento de la responsabilidad internacional del Estado colombiano, declarada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una sentencia emitida el 27 de julio de 2022. Esta sentencia establece la base jurídica para la aplicación e interpretación de la ley.

Proceso legislativo

La ley fue aprobada por el Congreso después de debates que resaltaron la importancia de reconocer oficialmente el genocidio y buscar mecanismos para la reparación simbólica de las víctimas. Durante el trámite legislativo, se destacó la relevancia de institucionalizar una fecha que permita a la sociedad colombiana recordar, reflexionar y promover la cultura de paz y no repetición. La norma fue adoptada con el consenso suficiente para su sanción y publicación.

Contenido clave y principales disposiciones

La Ley 2482 dispone diversas medidas y establece responsabilidades para diferentes entidades públicas. A continuación, se resumen los aspectos más relevantes:

Designación del Día Nacional: El 11 de octubre de cada año queda declarado como el “Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas del Genocidio contra la Unión Patriótica”, en conmemoración del asesinato de un destacado líder político de este movimiento.
Objetivos de la conmemoración: Las actividades autorizadas buscan dignificar a las víctimas y familiares, recuperar y difundir la memoria histórica, reflexionar sobre el impacto en la democracia y promover la pluralidad del pensamiento político.
Participación de las víctimas: Se garantiza la participación activa y efectiva de las víctimas y sus familiares en el diseño y ejecución de las actividades conmemorativas y de difusión.
Educación: Las instituciones educativas públicas deberán incluir jornadas conmemorativas en sus calendarios escolares alrededor del 11 de octubre. Las instituciones privadas y universidades, aunque con autonomía, podrán sumarse a estas actividades, orientadas a difundir la verdad histórica y fomentar la reflexión pedagógica.
Difusión mediática: Los medios públicos, incluyendo televisión, radio y plataformas digitales, están autorizados a transmitir contenidos relacionados con la conmemoración en horarios de alta audiencia. El Congreso también podrá difundir programas en canales comerciales privados para ampliar el alcance.
Cátedra para la Democracia: El Congreso realizará anualmente un evento académico durante octubre para reflexionar sobre el genocidio y su impacto en la democracia, a cargo de su centro especializado de investigaciones legislativas.
Inventario y conservación de la memoria: La Defensoría del Pueblo, el Museo Nacional de la Memoria y la Unidad Administrativa de Atención y Reparación a las Víctimas coordinarán un inventario nacional de bienes y lugares que evocan la memoria de las víctimas, promoviendo su conservación y posible declaración como Bienes de Interés Cultural.
Difusión en redes sociales: Las entidades estatales con presencia en redes sociales publicarán anualmente un mensaje que recuerde la sentencia de la Corte Interamericana y la responsabilidad del Estado, facilitando el acceso a la información y promoviendo la visibilización de las víctimas.
Acto protocolario: Se realizará un acto especial para entregar copia de la ley a las víctimas y familiares, simbolizando el desagravio y reconocimiento oficial.
Autorización presupuestal: El Gobierno nacional queda facultado para asignar los recursos necesarios para la implementación de las disposiciones legales conforme al marco fiscal vigente.

Implicaciones y aplicación de la ley

La Ley 2482 establece un marco institucional para que el Estado colombiano reconozca formalmente el genocidio contra la Unión Patriótica y avance en la reparación simbólica de las víctimas. La conmemoración anual y las actividades relacionadas buscan fortalecer la memoria colectiva, contribuir a la desestigmatización, y promover la reflexión ciudadana sobre la democracia y la garantía de no repetición de estas violaciones. La inclusión en los sistemas educativos y la difusión en medios públicos y redes sociales amplían el alcance de esta memoria hacia las nuevas generaciones y la sociedad en general. Además, la creación de un inventario nacional de bienes conmemorativos y la posible declaratoria de Bienes de Interés Cultural representan medidas concretas para preservar el patrimonio histórico y cultural vinculado a esta memoria. La participación de las víctimas en la organización y ejecución de las actividades refuerza un enfoque centrado en sus derechos y opiniones. En suma, esta ley integra aspectos simbólicos, educativos, culturales y comunicativos para abordar un capítulo doloroso de la historia política colombiana, bajo un enfoque de reparación integral y promoción de la paz social. Su implementación efectiva requerirá la colaboración continua entre el Estado, las víctimas, las instituciones educativas y la sociedad civil para garantizar que la memoria y la dignidad de las víctimas sean respetadas y reconocidas plenamente.

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