Contexto y tribunal competente

La providencia en cuestión corresponde a una sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala de Decisión, en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. El recurso de apelación fue interpuesto por la entidad demandada —la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de la Rama Judicial— contra una sentencia proferida por el Juzgado 404 Administrativo Transitorio del Circuito de Manizales. La sentencia inicial había accedido parcialmente a las pretensiones del accionante, reconociendo la bonificación judicial como factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales.

Antecedentes fácticos y procesales

El caso se originó con la demanda presentada por una empleada pública vinculada desde marzo de 2015 a la Rama Judicial, quien solicitó el reconocimiento de la bonificación judicial creada por el Decreto 383 de 2013 como factor salarial y la reliquidación de todas las prestaciones sociales causadas desde la expedición del mencionado decreto. La bonificación judicial, regulada por el Gobierno Nacional mediante dicho decreto, estaba establecida expresamente como factor salarial únicamente para base de cotización a pensiones y salud, excluyéndose su inclusión en la liquidación de prestaciones sociales. Ante la negativa administrativa reflejada en resoluciones expedidas en junio y julio de 2022, se interpuso la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. La entidad demandada fundamentó su oposición en la discrecionalidad del legislador y el principio de legalidad, señalando que la bonificación judicial no debía ser considerada factor salarial para efectos prestacionales más allá de su uso para cotizaciones a pensiones y salud, conforme al decreto reglamentario. Además, planteó excepciones relacionadas con normas presupuestales, ausencia de causa...