Tipo de acuerdo, entidades involucradas y contexto normativo
El Acuerdo 13 de 2025 es una regulación de carácter interadministrativo expedida por la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías. Fue adoptado el 15 de julio de 2025 y publicado en el Diario Oficial No. 53.184 el 17 de julio del mismo año. Este acuerdo modifica y adiciona el Acuerdo 03 de 2021, que constituye el Acuerdo Único del SGR, incorporando un nuevo capítulo con lineamientos específicos para la financiación de proyectos con recursos provenientes del 5% del mayor recaudo del Sistema.
La Comisión Rectora es la entidad encargada de definir la política general del SGR conforme a las facultades otorgadas por la Ley 2056 de 2020 y los Actos Legislativos 05 de 2011 y 05 de 2019, que reformaron la Constitución Política para regular el régimen de regalías y compensaciones por la explotación de recursos naturales no renovables.
Objeto y finalidad del acuerdo
El acuerdo tiene por objeto establecer los lineamientos para la financiación de proyectos de inversión con cargo al 5% del mayor recaudo del SGR, conforme a la política definida por el Gobierno nacional. Busca promover proyectos de emprendimiento y generación de empleo que permitan la ocupación progresiva de la mano de obra local en actividades económicas distintas a la explotación de recursos naturales no renovables.
Además, se definen las líneas de inversión priorizadas, los procedimientos para la presentación, evaluación, viabilización, priorización y aprobación de proyectos, así como la coordinación institucional necesaria para su implementación.
Ámbito de aplicación
El acuerdo aplica a los municipios en los cuales se desarrollan actividades de explotación de recursos naturales no renovables que representen al menos el 1% de los ingresos corrientes del Sistema General de Regalías y que hayan experimentado una disminución significativa en el volumen de recursos explotados. También involucra a las entidades responsables de elaborar el plan de convocatorias y a los ministerios o departamentos administrativos designados como líderes de cada convocatoria pública.
Principales disposiciones y compromisos
Entre las disposiciones destacan:
- Definición de proyectos financiables: Se financiarán proyectos de inversión orientados al emprendimiento rural, aumento de productividad y competitividad, desarrollo empresarial, generación de empleo en sectores agropecuarios, vías terciarias, energía eléctrica y emprendimiento femenino.
- Lineamientos para la inversión: Se priorizan el fortalecimiento de iniciativas productivas rurales, infraestructura para la comercialización, adecuación de tierras, mejoramiento de vías terciarias, proyectos de energía renovable y electromovilidad, y el desarrollo empresarial comunitario.
- Procedimientos para convocatorias: Los ministerios o departamentos administrativos líderes deben elaborar términos de referencia conforme a criterios regulatorios y publicar las convocatorias y resultados en plataformas oficiales.
- Evaluación y viabilidad: Se establece un proceso técnico riguroso para evaluar las propuestas, con énfasis en proyectos de emprendimiento femenino y generación de empleo sostenible, garantizando la participación de actores locales.
- Priorización y aprobación: Se regula el orden de prioridad para la emisión de conceptos de viabilidad y la aprobación de proyectos cuando concurren diferentes fuentes de financiación.
- Actualización del Banco de Proyectos: El sistema de gestión de proyectos del SGR debe ser ajustado para incorporar estos lineamientos y garantizar la trazabilidad y transparencia del proceso.
Impacto potencial para la comunidad y las entidades
Este acuerdo tiene el potencial de fortalecer el desarrollo económico local y regional en municipios dependientes de la explotación de recursos no renovables, promoviendo la diversificación productiva y la generación de empleo sostenible. Al priorizar sectores rurales y el emprendimiento femenino, se busca fomentar la inclusión social y la equidad de género.
Para las entidades territoriales y ministerios involucrados, el acuerdo establece un marco claro y coordinado que facilita la planificación, gestión y evaluación de proyectos financiados con recursos del SGR, optimizando el uso de fondos públicos y alineando los esfuerzos con políticas nacionales de desarrollo.
Sustento legal y mecanismos de seguimiento
El acuerdo se fundamenta en la Constitución Política, en especial en los artículos reformados por los Actos Legislativos 05 de 2011 y 05 de 2019, así como en la Ley 2056 de 2020, que regula el SGR y sus funciones. También se apoya en el Decreto 1821 de 2020 y su adición mediante el Decreto 1610 de 2024, que establecen las normas para la administración y financiación de recursos del SGR.
En cuanto a seguimiento, se prevé la publicación de resultados y la utilización del Banco de Proyectos de Inversión del SGR o plataformas dispuestas por el Departamento Nacional de Planeación para garantizar la transparencia y trazabilidad en la evaluación, viabilización y aprobación de proyectos.
Contexto y articulación con otras normativas
El Acuerdo 13 de 2025 complementa y actualiza el Acuerdo 03 de 2021, integrando los lineamientos definidos recientemente por el Gobierno nacional para el uso del 5% del mayor recaudo. Además, articula las competencias y procedimientos de distintas instancias del SGR, como OCAD Paz, OCAD Ciencia y Tecnología, y las entidades territoriales, para proyectos con cofinanciación múltiple.
Este marco normativo busca consolidar un sistema eficiente y coherente para la gestión de recursos de regalías, alineado con las prioridades nacionales de desarrollo sostenible, equidad y fortalecimiento institucional.
Este acuerdo representa un paso importante en la consolidación de políticas públicas que orientan el uso estratégico de recursos provenientes de la explotación de recursos naturales no renovables, en beneficio de comunidades y regiones afectadas por la transición hacia actividades económicas diversificadas y sostenibles. Con la implementación efectiva de estos lineamientos, se espera impulsar un desarrollo local más equilibrado, fomentando la innovación, la inclusión social y la protección del medio ambiente, pilares esenciales para el progreso sostenible del país.
