Contexto y propósito del Decreto 0817 de 2025

El 17 de julio de 2025, la Presidencia de la República emitió el Decreto 0817, publicado en el Diario Oficial No. 53.184, con el fin de delegar temporalmente ciertas funciones legales y constitucionales del Presidente de la República en el Ministro de Hacienda y Crédito Público. Esta disposición se fundamenta en el artículo 196 de la Constitución Política, que establece la posibilidad de delegación cuando el Presidente se traslada al extranjero en ejercicio de su cargo. El decreto responde a la necesidad de mantener el funcionamiento pleno del Ejecutivo durante la ausencia del mandatario nacional, quien viajará a la República de Chile para participar en la “Reunión de Alto Nivel, Democracia Siempre” entre el 20 y el 22 de julio de 2025. Esta situación plantea la obligación administrativa de garantizar que las funciones presidenciales no se vean interrumpidas, preservando así la estabilidad institucional y la gobernabilidad.

Medidas y alcance de la delegación de funciones

El decreto establece que por el tiempo que dure la ausencia presidencial, el Ministro de Hacienda y Crédito Público asume bajo su propia responsabilidad las funciones legales y constitucionales delegadas, conforme a la precedencia establecida por la ley y respetando que el funcionario pertenece al mismo movimiento político del Presidente. Entre las atribuciones delegadas se incluyen, sin limitarse a:

El ejercicio de las funciones contempladas en varios artículos de la Constitución Política, tales como el artículo 129 (relacionado con la administración pública), el inciso quinto del artículo 138 (sobre nombramientos), y el artículo 189, con algunas excepciones específicas.
El ejercicio parcial de las facultades extraordinarias concedidas al Presidente en el artículo 150, numeral 10.
Funciones establecidas en los artículos 163, 165, 166 y 167, que abarcan aspectos de la función pública y administración.
Responsabilidades derivadas de los artículos 200, 201 y 202, que regulan el manejo de la hacienda pública y asuntos fiscales.
Atribuciones contenidas en los artículos 213, 214 y 215, vinculados con el sistema judicial y el Ministerio Público.
Facultades de control y supervisión previstas en los artículos 303, 304, 314 y 323.

No obstante, el decreto excluye la delegación de ciertos numerales del artículo 189, específicamente los numerales 2, 5, 6 y 7, preservando así ciertas competencias exclusivas del Presidente durante su ausencia.

Ámbito de aplicación y destinatarios

El decreto tiene aplicación a nivel nacional y afecta directamente a las entidades del poder ejecutivo, en especial aquellas vinculadas con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así como a los servidores públicos que se relacionan con las funciones delegadas. La medida impacta también a la ciudadanía en general, al asegurar la continuidad en la gestión pública durante el breve período del viaje presidencial. No se establecen excepciones adicionales fuera de las mencionadas en cuanto a las funciones excluidas de la delegación. Asimismo, el decreto no modifica ni deroga actos administrativos previos, sino que se limita a regular la delegación temporal de funciones para una situación específica.

Base legal y vigencia

La expedición del decreto se fundamenta en el artículo 196 de la Constitución Política, que faculta al Presidente para delegar funciones constitucionales y legales en un ministro durante su desplazamiento al extranjero en ejercicio de su cargo. Además, se tuvo en cuenta la certificación política que acredita la filiación del ministro delegado al mismo movimiento político del Presidente, requisito constitucional para la validez de la delegación. El decreto entra en vigencia a partir de la fecha de su expedición, es decir, el 17 de julio de 2025, y su aplicación se extiende solo durante el tiempo que dure la ausencia del Presidente, prevista del 20 al 22 de julio de 2025.

Implicaciones para la ciudadanía y las entidades públicas

La delegación temporal de funciones presidenciales es una práctica institucional que garantiza la continuidad y estabilidad del poder ejecutivo en circunstancias de ausencia momentánea del mandatario. Para la ciudadanía, esta medida implica que las decisiones y acciones del Gobierno Nacional continuarán desarrollándose sin interrupciones, asegurando la normalidad administrativa y la atención a los asuntos públicos. Para las entidades del Estado, especialmente el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la delegación supone una responsabilidad ampliada durante el período señalado, ya que el ministro delegado asume funciones que, en circunstancias ordinarias, son competencia exclusiva del Presidente. Esto requiere coordinación y compromiso institucional para cumplir con los mandatos constitucionales y legales durante el lapso de la delegación. Finalmente, el decreto invita implícitamente a los servidores públicos y a la sociedad civil a reconocer y respetar la autoridad temporal del ministro delegado en el ejercicio de las funciones delegadas, contribuyendo así al orden institucional y a la gobernanza democrática. Este acto administrativo es un ejemplo de la regulación constitucional en acción, evidenciando cómo el marco legal permite la flexibilidad necesaria para responder a situaciones propias del ejercicio del poder ejecutivo, sin detrimento de la continuidad y eficacia del Estado.

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Delegación temporal de funciones presidenciales durante viaje internacional, según Decreto 0817 de 2025

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