Providencia judicial en segunda instancia: admisión de demanda de nulidad

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en calidad de tribunal de segunda instancia, emitió un auto mediante el cual admitió una demanda de nulidad interpuesta en contra de varios actos administrativos expedidos por el Consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira y el Tribunal Administrativo de La Guajira. La providencia fue proferida el 4 de julio de 2025 y corresponde al radicado 11001-03-25-000-2025-00150-00.

Antecedentes fácticos y procesales

La demanda fue presentada por una ciudadana, quien solicitó la nulidad de cuatro actos administrativos relacionados con un proceso de selección para cargos de carrera judicial en La Guajira. Los actos cuestionados son:

Un acuerdo del Consejo Seccional de la Judicatura que convocó y adelantó el concurso de méritos para conformar el Registro Seccional de Elegibles en diferentes cargos judiciales.
Una resolución del mismo Consejo que conformó el Registro Seccional de Elegibles para el cargo de Oficial Mayor o sustanciador de Tribunal Grado 13, como resultado del concurso.
Un acuerdo del Consejo Seccional que formuló ante el Tribunal Contencioso Administrativo la lista de elegibles para proveer el cargo mencionado, conforme a las opciones de sede manifestadas por los aspirantes.
Una resolución del Tribunal Administrativo de La Guajira que documentó la designación en propiedad en el cargo de Oficial Mayor de Tribunal Grado 13.

El proceso se adelanta en ejercicio del medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA). Se vinculó como tercero con interés en el proceso a la persona designada en el cargo en cuestión, en cumplimiento del artículo 171 numeral 3 del CPACA.

Consideraciones jurídicas y fundamentos de la decisión

El Consejo de Estado realizó una revisión preliminar que permitió concluir que la demanda cumple con los requisitos formales contemplados en los artículos 137, 149, y 162 y siguientes del CPACA, razón por la cual decidió admitirla para su trámite correspondiente. El auto establece la admisión de la demanda contra los cuatro actos administrativos señalados, resaltando la importancia de garantizar la legalidad y transparencia en los procesos de selección y designación dentro de la Rama Judicial. El tribunal ordenó notificar personalmente a las entidades demandadas y al agente del Ministerio Público, así como vincular y notificar al tercero con interés en el proceso. Además, se estableció un término de treinta días para que la parte demandada, el Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado contesten la demanda y aporten el expediente administrativo completo, incluyendo todas las comunicaciones relevantes relacionadas con el objeto del proceso, de conformidad con los artículos 172, 175 y 201A del CPACA. Finalmente, el auto dispone informar a la comunidad sobre la existencia del proceso, en cumplimiento del principio de publicidad y transparencia que rige la actuación administrativa y judicial.

Relevancia del auto y próximos pasos procesales

La admisión de la demanda representa un paso fundamental dentro del proceso contencioso administrativo, ya que permitirá una revisión detallada del fondo de los actos cuestionados. El auto no resuelve aún sobre la nulidad de los actos, sino que abre la etapa probatoria y de análisis jurídico que deberá culminar en una sentencia. Este pronunciamiento subraya el papel del Consejo de Estado como garante del control de legalidad en la administración pública y la Rama Judicial, asegurando que los procesos de selección de funcionarios se ajusten a las normas vigentes y respeten los derechos de los participantes. La comunidad jurídica y la sociedad en general podrán seguir el desarrollo de este proceso, que puede sentar precedentes importantes en materia de concursos de méritos y provisión de cargos dentro del sistema judicial colombiano. De esta manera, se reafirma el compromiso institucional con la transparencia, la legalidad y la protección de los derechos en los procesos judiciales y administrativos en el país.

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