Providencia judicial y contexto procesal

El Tribunal Administrativo de Bolívar, en Sala de Decisión No. 001, emitió la Sentencia No. 026 de 2025, revocando una decisión previa del Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cartagena. La providencia resuelve la impugnación presentada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ) contra la sentencia que amparó el derecho fundamental de petición del actor en primera instancia. La controversia se originó a partir de una acción de tutela interpuesta contra la DEAJ – Unidad de Asistencia Legal, Grupo de Sentencias, debido a la supuesta vulneración del derecho de petición por la falta de respuesta a una solicitud de asignación de turno para pago definitivo de una sentencia judicial. La petición fue presentada inicialmente en noviembre de 2024, y el accionante reclamó que no se le había dado respuesta en tiempo razonable.

Antecedentes fácticos y procesales

El accionante, en calidad de abogado, solicitó el amparo de su derecho fundamental de petición, argumentando que la entidad accionada no había respondido a su solicitud relacionada con el turno de pago para una sentencia judicial que favorecía a un grupo de personas representadas por él en otro proceso. La DEAJ respondió que sí había emitido una comunicación dirigida al correo electrónico del accionante, con información clara y de fondo respecto a la petición, y solicitó declarar la carencia actual del objeto por hecho superado. El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cartagena, en primera instancia, consideró que la entidad no había emitido una respuesta de fondo y amparó el derecho fundamental de petición, ordenando a la DEAJ emitir respuesta en un plazo de 48 horas. Posteriormente, la DEAJ presentó impugnación argumentando que la acción de tutela era improcedente debido a la falta de legitimación activa del abogado que presentó la acción, y que la entidad sí había dado respuesta oportuna a la solicitud.

Consideraciones jurídicas y motivo principal de la revocatoria

El Tribunal Administrativo de Bolívar, competente para conocer la impugnación conforme a la Constitución y legislación administrativa, analizó los requisitos de procedencia de la acción de tutela, con especial énfasis en la legitimación en la causa por activa. De acuerdo con el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional, la acción de tutela debe ser promovida por quien sea titular directo del derecho fundamental vulnerado, o por quien cuente con poder especial para actuar en representación de dicho titular, o en casos específicos, por agentes oficiosos o autoridades como el Defensor del Pueblo. En este caso, el actor presentó la tutela en su propio nombre, alegando vulneración de su derecho de petición. Sin embargo, la solicitud objeto de la acción había sido presentada por él como apoderado judicial de un grupo de personas, quienes eran los verdaderos titulares del derecho de petición. El Tribunal verificó que no se acreditó poder especial otorgado por estas personas para que el abogado interpusiera la acción de tutela en su representación. Tampoco se demostró que el accionante actuara como agente oficioso o en cualquier otra calidad que le facultara para promover la tutela en nombre ajeno. La Sala recordó la importancia del cumplimiento estricto de los requisitos de legitimación en la acción de tutela, señalando que el poder conferido para actuar en un proceso judicial determinado no se extiende automáticamente a la promoción de acciones constitucionales distintas, incluso si están relacionadas con el mismo asunto de fondo. Por consiguiente, el Tribunal concluyó que el actor carecía de legitimación para interponer la acción de tutela en defensa del derecho de petición atribuido a terceros, lo que conduce a la improcedencia de la demanda para el estudio de fondo.

Fallo y consecuencias procesales

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Bolívar revocó la sentencia de primera instancia que había amparado el derecho fundamental de petición y declaró improcedente la acción de tutela presentada. Asimismo, ordenó comunicar esta providencia al juzgado de origen y remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión dentro del término legal. Esta decisión resalta la relevancia del cumplimiento formal de los requisitos procesales en la defensa de derechos fundamentales, especialmente la legitimación activa, como condición indispensable para que la acción de tutela sea admitida y estudiada en su fondo.

Conclusión

El Tribunal Administrativo de Bolívar, en ejercicio de su competencia, reafirmó la necesidad de acreditar el poder especial para actuar en representación de titulares de derechos fundamentales en acciones de tutela. La providencia aclara que la ausencia de dicha legitimación determina la improcedencia de la acción, aun cuando exista una posible vulneración del derecho de petición. Este pronunciamiento contribuye a precisar los límites en el ejercicio de la acción constitucional y la protección efectiva de los derechos fundamentales en el ámbito administrativo y judicial, promoviendo así una correcta aplicación del derecho y garantizando la seguridad jurídica en los procesos de tutela.