Contexto y referencia normativa

El Ministerio de Educación Nacional habría anunciado en junio de 2025 un proyecto de decreto que buscaría modificar el artículo transitorio 2.5.3.2.12.2 del Decreto 1075 de 2015, conocido como el Único Reglamentario del Sector Educación. Este decreto, expedido originalmente en 2015, reglamenta las condiciones de calidad institucionales y de programa que deben cumplir las instituciones de educación superior para la obtención, renovación y modificación del registro calificado, conforme a lo establecido en la Ley 1188 de 2008. El proyecto de decreto se habría publicado para consulta ciudadana en un periodo comprendido entre los días xx y xx de junio de 2025, buscando recoger observaciones y comentarios de diferentes actores interesados. Su objetivo sería ajustar los tiempos y procedimientos relacionados con la plataforma NUEVO SACES, la cual se emplea para tramitar las solicitudes de registro calificado.

Tema principal y propósito del proyecto

El proyecto de decreto tendría como propósito principal modificar la vigencia y condiciones de la etapa de prerradicación de solicitudes de registro calificado, etapa previa necesaria para que las instituciones de educación superior puedan radicar solicitudes definitivas. La modificación se enfocaría en beneficiar el manejo, la interacción y el dinamismo en la atención de estas solicitudes a través de la plataforma tecnológica mencionada, con el fin de garantizar un proceso más efectivo y ajustado a las necesidades actuales del sector educativo. Esta medida afectaría principalmente a las instituciones de educación superior que se encuentran en proceso de solicitar o renovar el registro calificado de sus programas académicos, especialmente aquellas que, a la fecha de publicación del decreto, no contarían aún con concepto favorable de condiciones institucionales.

Modificaciones y medidas específicas propuestas

El proyecto introduciría una serie de cambios relevantes en el artículo transitorio 2.5.3.2.12.2 del Decreto 1075 de 2015, los cuales incluirían:

• Se consideraría surtida la etapa de prerradicación para las instituciones que, en el municipio, distrito, área no municipalizada o territorio indígena donde ofrecen programas, tengan al menos un programa con registro calificado vigente o matrícula reportada en el SNIES desde el primer semestre de 2022 o en periodos posteriores, siempre que no cuenten con concepto favorable de condiciones institucionales a la fecha de publicación del decreto.
• Esta condición transitoria se mantendría vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, permitiendo así que las instituciones puedan continuar con el proceso sin necesidad de repetir esta etapa hasta dicha fecha.
• La solicitud de etapa de prerradicación o de modificación debería presentarse antes del 1 de julio de 2027; de cumplirse este requisito, la etapa se entendería surtida hasta la comunicación oficial del concepto definitivo emitido por la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CONACES) a través del Ministerio de Educación Nacional.
• Si para el 1 de enero de 2028 la solicitud no hubiera sido resuelta, se prorrogaría automáticamente la medida transitoria hasta que se defina la etapa de prerradicación.
• Una vez se comunique el concepto favorable de condiciones institucionales, este tendría una vigencia de siete años, durante los cuales la institución podría iniciar la etapa de radicación de solicitudes de registro calificado sin necesidad de volver a surtir la etapa de prerradicación, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 2.5.3.2.3.1.8 y 2.5.3.2.8.1.7 del Decreto 1075 de 2015.

Participación de actores clave

El proyecto pondría en el centro de su implementación al Ministerio de Educación Nacional, entidad responsable de la regulación, supervisión y validación de los procesos de aseguramiento de la calidad en la educación superior. Asimismo, se destacaría el papel de la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CONACES), que emitiría los conceptos definitivos sobre las condiciones institucionales. Las instituciones de educación superior serían las principales afectadas y participantes, ya que tendrían la responsabilidad de presentar oportunamente las solicitudes y cumplir con los requisitos establecidos para continuar con el proceso de registro calificado.

Información adicional y participación ciudadana

Según el proyecto, la ciudadanía habría podido acceder al texto completo del decreto para su revisión y presentar observaciones durante el periodo de consulta pública efectuado en junio de 2025. Esta instancia permitiría la participación de distintos actores interesados en el sector educativo y jurídico, quienes podrían aportar comentarios para enriquecer la normativa antes de su eventual expedición. La medida, al estar en fase de proyecto, no estaría vigente y requeriría su aprobación y publicación oficial para entrar en vigor.

Vigencia

El proyecto establecería que el decreto entraría en vigencia a partir del día siguiente a su publicación oficial, una vez superado el proceso de consulta ciudadana y adoptados los ajustes correspondientes. --- Esta iniciativa reflejaría la intención del Ministerio de Educación Nacional de actualizar y optimizar los procesos relacionados con el aseguramiento de la calidad en la educación superior, atendiendo a las necesidades tecnológicas y administrativas actuales, en beneficio de las instituciones educativas y de la sociedad en general.