Contexto y naturaleza de la decisión judicial

El pasado 21 de julio de 2025, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, del Consejo de Estado, mediante auto proferido por uno de sus magistrados, admitió una demanda en única instancia contra una resolución del Consejo Nacional Electoral. Esta providencia, de carácter auto admisorio, tiene como objeto dar curso a un proceso de nulidad contra la Resolución 949 del 4 de marzo de 2025, que introdujo modificaciones en los artículos 16 y 27 de la Resolución 65 de 1996, ambas expedidas por el mismo Consejo Nacional Electoral. El auto admisorio es una decisión procesal que permite avanzar en el trámite judicial, en este caso, reconociendo que la demanda cumple con los requisitos de fondo y forma establecidos en la legislación administrativa colombiana, para continuar con la revisión del acto administrativo cuestionado.

Antecedentes fácticos y procesales

La demanda fue presentada el 3 de junio de 2025 por una ciudadana en ejercicio del medio de control de nulidad consagrado en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo). La impugnación se dirige contra la Resolución 949 de 2025, mediante la cual el Consejo Nacional Electoral modificó dos artículos de una resolución anterior de 1996. Inicialmente, el despacho sustanciador inadmitió la demanda el 13 de junio de 2025, señalando la necesidad de corregir la designación de las partes y los fundamentos jurídicos de las pretensiones. Sin embargo, el 19 de junio de 2025 se presentó el escrito de subsanación, adecuando las irregularidades advertidas por el despacho. Tras la revisión del escrito subsanado y los documentos anexos, el despacho concluyó que la demanda cumplía con los requisitos formales exigidos por los artículos 162 y 166 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por lo que procedió a admitirla en única instancia.

Consideraciones centrales del auto admisorio

El auto destaca que la demanda reúne los requisitos legales de oportunidad y forma para ser admitida. Se señala que la parte demandante acompañó copia del acto administrativo cuestionado —la Resolución 949 de 2025— así como las pruebas que pretende hacer valer durante el proceso. En cumplimiento de las normas procesales, la providencia ordena notificar personalmente al presidente del Consejo Nacional Electoral, en los términos establecidos en la Ley 1437 de 2011, para que ejerza su derecho de defensa. Asimismo, se concede un término de 30 días para que el demandado conteste la demanda y aporte los antecedentes administrativos relacionados con el acto impugnado. Adicionalmente, se dispone la notificación al agente del Ministerio Público, encargado de velar por el interés general en este tipo de procesos, y se ordena informar a la comunidad sobre la existencia del proceso, garantizando la transparencia y publicidad que caracterizan la función jurisdiccional. Finalmente, la providencia establece que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado recibirá notificaciones relacionadas con este proceso, conforme a la reglamentación vigente.

Implicaciones del proceso y próximos pasos

Con la admisión de la demanda, el proceso de nulidad contra la Resolución 949 de 2025 queda formalmente iniciado en la instancia única correspondiente al Consejo de Estado. Durante el trámite, se evaluarán los argumentos presentados por la demandante y el Consejo Nacional Electoral, así como las pruebas allegadas, para determinar la legalidad o nulidad del acto administrativo cuestionado. Este procedimiento es fundamental en el sistema jurídico colombiano, pues permite a los ciudadanos controvertir actos administrativos que consideren contrarios a la ley o que afecten sus derechos, asegurando así el respeto a los principios constitucionales y legales que rigen la función pública. En suma, la decisión adoptada por la Sala de lo Contencioso Administrativo establece las bases para un análisis riguroso y detallado del acto administrativo modificado, en un proceso que garantizará las debidas garantías procesales para todas las partes involucradas, y contribuirá al fortalecimiento del Estado de Derecho en materia electoral.

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Consejo de Estado admite demanda contra modificación de resoluciones del Consejo Nacional Electoral

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