Providencia judicial en segunda instancia

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, proferida por el Consejero Ponente, dictó una sentencia de segunda instancia el 1 de julio de 2025, en el recurso de apelación interpuesto por la Unidad Nacional de Protección contra una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Subsección B de la Sección Tercera de enero de 2024. El proceso se originó por controversias contractuales entre un consorcio proveedor de servicios de arrendamiento de vehículos blindados y la UNP.

Antecedentes fácticos y procesales

El consorcio demandante, integrado por dos sociedades, suscribió con la Unidad Nacional de Protección varios contratos para el arrendamiento de vehículos blindados destinados a medidas de protección en el marco del programa nacional de protección. En particular, los contratos números 814 de 2017 y 826 de 2018, con valores que superan los 79.900 millones y 400 millones de pesos, respectivamente, y con plazos de ejecución que vencieron en 2018 tras prórrogas. La demanda presentada en junio de 2021 solicitó que se declarara el incumplimiento contractual de la UNP por no haber liquidado los contratos mencionados, ordenando la liquidación judicial y condenando al pago de saldos adeudados, intereses moratorios y costas procesales. La UNP se opuso argumentando que no existía incumplimiento, negó la prestación efectiva de servicios y alegó excepciones procesales de pleito pendiente e indebida acumulación de pretensiones. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró que la UNP incumplió su obligación de liquidar los contratos y ordenó la liquidación judicial con reconocimiento de valores a favor del consorcio, incluyendo intereses moratorios...