Contexto y antecedentes del caso

El conflicto jurídico se originó a partir de un contrato de concesión suscrito el 28 de febrero de 1997 entre el municipio de Sincelejo y una sociedad dedicada al mantenimiento e instalación del alumbrado público en la ciudad. En dicho contrato, se estableció que la remuneración del concesionario se efectuaría mediante el recaudo de la tasa correspondiente al servicio, que sería facturada y cobrada por una empresa electrificadora local, encargada de trasladar los recursos a una fiduciaria designada por el concesionario. La empresa concesionaria alegó que entre la firma del contrato y el 30 de abril de 1998 no recibió pago alguno por parte del municipio, ni se garantizó el traslado oportuno de los dineros recaudados, lo que habría generado un incumplimiento contractual y daños patrimoniales que debían ser indemnizados. En consecuencia, interpuso demanda solicitando la declaratoria de incumplimiento y la condena al pago de perjuicios. El municipio negó las pretensiones, argumentando que la obligación de pago estaba condicionada al recaudo efectuado por la electrificadora, quien fue llamada en garantía, y que la falta de pago se debía a incumplimientos del concesionario en la prestación del servicio. Además, sostuvo que el convenio interadministrativo celebrado con la electrificadora no implicaba una subrogación en la obligación de pago por parte de ésta, sino un mandato para el recaudo.

La providencia de primera instancia y el recurso de apelación

El Tribunal Administrativo de Sucre, mediante sentencia del 18 de julio de 2003, declaró no probadas las excepciones planteadas y negó las pretensiones de la demanda. Consideró que no se acreditó el perfeccionamiento...