Contexto y naturaleza de la decisión

La Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, profirió un auto mediante el cual declaró inadmisible una impugnación interpuesta contra una sentencia de tutela. Esta decisión fue adoptada el 17 de julio de 2025 y se originó a partir de una acción de tutela promovida contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. El recurso de impugnación fue presentado sin contar con el mandato idóneo para representar al vinculado en este proceso, lo que motivó el rechazo de la solicitud.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso inició con la presentación de una acción de tutela por parte de una persona que alegaba la vulneración de sus derechos fundamentales en el trámite de un proceso penal. Posteriormente, la impugnación contra la decisión de tutela fue interpuesta por un abogado en calidad de defensor de confianza del accionante. Sin embargo, en el trámite constitucional correspondiente, el abogado no allegó poder especial ni acreditó su reconocimiento como mandatario judicial para actuar en este asunto específico. El caso se enmarca en la discusión sobre la legitimación para actuar en acciones de tutela y en recursos relacionados, así como sobre los requisitos formales para la representación procesal en este mecanismo de protección constitucional.

Consideraciones jurídicas y fundamentos de la providencia

La Corte Suprema recordó que, conforme al artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional reiterada, la representación en acciones de tutela requiere la presentación de un poder especial, expedido para el fin determinado de proteger derechos fundamentales en relación con hechos...