Contexto y antecedentes del caso

La Corte Suprema de Justicia, en segunda instancia y en ejercicio de la Sala de Casación Laboral, resolvió un proceso ordinario laboral instaurado por una empresa estatal del sector petrolero contra dos antiguos empleados. La controversia surgió tras el pago de sumas significativas a estos extrabajadores, en cumplimiento de sentencias de tutela emitidas por tribunales de primera y segunda instancia, que ordenaron el reconocimiento de incrementos salariales y la reliquidación de prestaciones sociales. Posteriormente, la Corte Constitucional revocó esas sentencias de tutela en sede de revisión, declarando improcedentes las acciones constitucionales que las originaron y dejando sin efecto las órdenes de pago. En consecuencia, la empresa demandante solicitó la devolución de los montos desembolsados, argumentando que al quedar sin efecto los fallos judiciales que ordenaron dichos pagos, se configuró un enriquecimiento sin justa causa por parte de los demandados. Los extrabajadores, en su defensa, alegaron que actuaron de buena fe, con base en decisiones judiciales inicialmente vigentes, y negaron la existencia de obligación para restituir los valores. También invocaron excepciones procesales y de mérito, incluyendo la prescripción de la acción y la falta de pruebas sobre el pago efectivo y la notificación de las sentencias de revisión.

Consideraciones jurídicas y fundamentos de la sentencia

El juzgador de primera instancia declaró probadas las excepciones de prescripción respecto a parte de las pretensiones y condenó a uno de los demandados a devolver una suma específica a la empresa, mientras absolvió al otro. La Sala Laboral del Tribunal Superior revocó esta decisión, absolviendo a ambos demandados. Frente a esta situación, la Corte Suprema de...