Contexto y naturaleza de la decisión

La providencia en cuestión corresponde a un auto proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en segunda instancia, que confirmó la legalidad de un preacuerdo celebrado en un proceso penal por homicidio agravado. La acción de tutela fue interpuesta contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca y el Juzgado Penal del Circuito de Villeta, cuestionando la validez del preacuerdo y la sentencia condenatoria derivada del mismo.

Antecedentes fácticos y procesales

El caso se originó a partir de un proceso penal en el cual el imputado celebró un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, que fue aprobado por el Juzgado Penal del Circuito de Villeta. El preacuerdo estableció una pena de veinte años de prisión por el delito de homicidio agravado, con la particularidad de que se redujo el grado de participación de autor a cómplice conforme al artículo 30 del Código Penal. Posteriormente, la Procuraduría General de la Nación se opuso a la aprobación del preacuerdo, argumentando que la pena pactada se basó en una norma declarada inexequible y que esto vulneraba el derecho al debido proceso. Sin embargo, el Tribunal Superior de Cundinamarca confirmó la aprobación del preacuerdo y la condena impuesta. El accionante alegó que en el proceso no contó con una defensa técnica adecuada, que el preacuerdo fue celebrado sin pleno conocimiento de las consecuencias legales y que existió una violación de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia.

Consideraciones jurídicas relevantes de la providencia

La Sala de Casación Penal de...