Contexto y antecedentes del caso

La acción de tutela fue presentada por una administradora de fondos de pensiones y cesantías, que buscaba la protección de sus derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, debido proceso y derecho de petición. La demanda se dirigió contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en el marco de un proceso ejecutivo laboral iniciado por un demandante particular. El proceso tuvo varias vicisitudes: inicialmente, el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Barranquilla conoció el caso y emitió un mandamiento de pago. Posteriormente, el mismo juez se declaró impedido para continuar conociendo del proceso, enviándose el expediente al Juzgado Sexto Laboral del Circuito. Este último no aceptó el impedimento, por lo que remitió el expediente a la Sala Laboral del Tribunal Superior para que resolviera la cuestión. La entidad accionante reprochó una presunta mora judicial por parte del tribunal, argumentando que llevaba más de tres años sin pronunciamientos en el proceso y que las medidas cautelares seguían vigentes, generándole perjuicios. Solicitó que se ordenara al tribunal impartir trámite urgente al impedimento planteado y que se procediera con la terminación del proceso por pago total de la obligación.

Pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia

El auto proferido por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia resolvió negar la acción de tutela. La decisión se fundamentó en un análisis detallado de la procedencia de la tutela frente a presuntas omisiones judiciales, conforme a los parámetros establecidos en el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional relevante. La Sala...