Propósito general del proyecto de resolución
El proyecto de resolución tiene como propósito fundamental aplicar la metodología establecida por el Ministerio de Minas y Energía y adoptada por la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías para la asignación y distribución parcial de los recursos del incentivo a la producción, correspondientes al 30% de los rendimientos financieros del SGR. Esta distribución se realizará a los municipios beneficiarios que se encuentran en territorios donde se exploten recursos naturales no renovables, así como a aquellos con puertos marítimos y fluviales por donde se transportan dichos recursos o sus derivados, para el bienio 2025-2026.
Objetivo principal y grupos beneficiados
El objetivo principal del proyecto es establecer un proceso transparente, público y competitivo que permita asignar recursos adicionales a los municipios productores de recursos naturales no renovables. Estos recursos están destinados a financiar proyectos de inversión que contribuyan a la restauración social y económica de los territorios, la protección y recuperación ambiental, y la formalización de la producción minera, en sintonía con la implementación de la Transición Energética Justa, segura, confiable y eficiente. Los beneficiarios directos son 209 municipios identificados como productores o transportadores de estos recursos, quienes podrán acceder a estos incentivos para fortalecer sus capacidades institucionales y promover economías legales.
Nuevas disposiciones y mecanismos introducidos
El proyecto establece una convocatoria pública y competitiva para la distribución parcial de los recursos, en aplicación de la metodología adoptada en el numeral 5.2 del Anexo 5 del Acuerdo Único de la Comisión Rectora del SGR. A través de esta convocatoria, los municipios podrán presentar proyectos en las líneas de inversión priorizadas por el Ministerio, principalmente en los sectores de energía eléctrica y minería, con enfoque en la transición energética y el desarrollo sostenible.
Entre las líneas de inversión financiables se incluyen:
- Proyectos de energía eléctrica, como ampliación de cobertura, comunidades energéticas basadas en fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER), electromovilidad, energización de instituciones públicas con FNCER, granjas solares y pequeñas centrales hidroeléctricas.
- Proyectos mineros, tales como construcción y equipamiento de centros de desarrollo minero, centros de entrenamiento en seguridad minera y centros de infraestructura tecnológica para capacitación.
Cada municipio puede presentar hasta dos proyectos, con un límite máximo de asignación de ocho mil millones de pesos por municipio, permitiendo además la presentación conjunta entre municipios productores de recursos naturales no renovables.
Acciones y regulaciones específicas
La resolución detalla rigurosos lineamientos para la participación, presentación y evaluación de proyectos, incluyendo requisitos habilitantes y técnicos. Entre ellos se destacan:
- Presentación de certificaciones legales y técnicas que garantizan que las actividades no están financiadas por otras fuentes.
- Documentación técnica completa que respalde la factibilidad y sostenibilidad del proyecto, incluyendo estudios, diseños, memorias técnicas, análisis de riesgo y plan de sostenibilidad financiera y operativa.
- Requisitos particulares para proyectos en zonas no interconectadas y para electromovilidad, asegurando compatibilidad técnica y normatividad vigente.
- La cofinanciación de proyectos puede provenir de recursos financieros adicionales y debe acreditarse debidamente.
Asimismo, se establece un Comité de Evaluación conformado por profesionales de diversas áreas del Ministerio y entidades adscritas, encargados de revisar y puntuar los proyectos según criterios objetivos.
Impacto esperado y relevancia estratégica
El mecanismo competitivo busca promover la eficiencia en la asignación de recursos públicos, favoreciendo proyectos con mayor impacto social, económico y ambiental en los territorios productores de recursos no renovables. Se espera que esta convocatoria fortalezca la gestión institucional de los municipios beneficiarios y contribuya a cerrar brechas sociales y económicas en zonas afectadas por pobreza rural, economías ilegales y conflictos armados.
La alineación con la Transición Energética Justa resalta la importancia estratégica del proyecto para avanzar hacia un modelo energético sostenible y equitativo en Colombia, fomentando la generación y uso eficiente de energías renovables, así como la formalización y desarrollo del sector minero.
Entidades y actores involucrados
La implementación de la convocatoria involucra directamente al Ministerio de Minas y Energía y su Grupo de Regalías, quienes administran y supervisan el proceso. También participan el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas (IPSE) y la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), entre otros organismos sectoriales.
Los municipios beneficiarios, listados en el Anexo 2 de la resolución, son los principales actores encargados de presentar proyectos conforme a los lineamientos establecidos. Además, se prevé la colaboración de operadores de red, empresas prestadoras de servicios públicos y autoridades locales para garantizar la viabilidad técnica y la sostenibilidad de los proyectos.
Proceso y cronograma de la convocatoria
La convocatoria estará abierta durante 60 días calendario desde la publicación de la resolución. El proceso incluye etapas de revisión documental, evaluación técnica, subsanación de observaciones, publicación de informes preliminares y definitivos, y asignación final de recursos. En caso de no agotarse la bolsa de recursos, estos permanecerán disponibles para futuras convocatorias.
Además, el Ministerio podrá modificar los lineamientos o cronograma por causas justificadas, manteniendo los principios de igualdad, eficacia, economía, imparcialidad y publicidad, con las modificaciones debidamente publicadas en su página web.
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Esta resolución consolida un mecanismo normativo y administrativo que busca optimizar la distribución de recursos públicos derivados del Sistema General de Regalías para el impulso de proyectos en municipios ligados a la producción y transporte de recursos naturales no renovables, con un enfoque innovador hacia la sostenibilidad y la transición energética. De esta manera, se espera contribuir significativamente al desarrollo integral y sostenible de estas regiones, generando beneficios duraderos para sus comunidades y fortaleciendo el compromiso del país con una economía más verde y justa.