Contexto y antecedentes del caso

El conflicto de competencias se originó en el marco de un proceso administrativo de restablecimiento de derechos (PARD) iniciado por la Defensoría de Familia del Centro Zonal de Pasto Uno, perteneciente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a raíz de una denuncia anónima por presunta vulneración de derechos de una adolescente en Nariño. Durante la investigación interdisciplinaria se descartó la vulneración sexual, pero se identificaron conflictos familiares y conductas disruptivas que motivaron la apertura formal del proceso administrativo en abril de 2024. Posteriormente, la Defensoría de Familia del Centro Zonal de Pasto Dos asumió la continuidad del proceso en abril de 2024, adoptando medidas provisionales y modificando en noviembre de 2024 la medida de restablecimiento de derechos, pasando de una intervención de apoyo a la ubicación inmediata de la adolescente en un internado. Esta decisión fue impugnada por la madre de la menor mediante recurso de reposición, que fue negado por la autoridad administrativa con orden de remitir el proceso a la autoridad judicial para homologación. El Juzgado Tercero de Familia del Circuito de Pasto, en sentencia del 12 de febrero de 2025, resolvió no homologar la decisión administrativa, decretando la nulidad de la actuación administrativa desde la apertura del PARD y ordenando rehacer el trámite legal correspondiente. Frente a esta decisión, la Defensoría de Familia solicitó a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado que dirimiera el conflicto negativo de competencias surgido entre la autoridad administrativa y la judicial.

Competencia y pronunciamiento de la Sala de Consulta y Servicio Civil

La Sala de Consulta...