Contexto y antecedentes del caso

El Consejo de Estado, a través de su Sala de Consulta y Servicio Civil, conoció un presunto conflicto negativo de competencias administrativas suscitado entre dos autoridades disciplinarias de Bogotá: la Comisión Seccional de Disciplina Judicial y la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía. El asunto se originó a partir de una queja interpuesta contra una comisaria de familia de Usaquén Uno, por supuestas actuaciones incoherentes y desproporcionadas en la tramitación de medidas de protección durante una audiencia celebrada en diciembre de 2023. Inicialmente, la Personería de Bogotá remitió la queja a la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría de Integración Social para que adelantara las investigaciones pertinentes. Sin embargo, esta última autoridad declaró su falta de competencia para conocer el caso y remitió las diligencias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, al considerar que las posibles irregularidades se habrían cometido en ejercicio de funciones jurisdiccionales atribuidas a la comisaria de familia. Posteriormente, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial también rechazó su competencia, debido a que los hechos investigados ocurrieron antes de la entrada en vigencia de la Ley 2430 de 2024, norma que le otorgó facultades para investigar a comisarios de familia. Por esta razón, remitió el asunto a la Sala de Consulta y Servicio Civil para que dirimiera el conflicto entre ambas autoridades.

Actuación procesal y planteamientos de las partes

En cumplimiento del procedimiento previsto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 2080 de 2021, la Sala fijó un edicto para...