Providencia judicial en segunda instancia sobre nulidad y pruebas en proceso electoral

El Consejo de Estado, a través de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, con ponencia del magistrado encargado, estudió el recurso de reposición presentado contra un auto del 3 de julio de 2025. Este auto había sido emitido en el marco de dos procesos de nulidad interpuestos por demandantes contra el Consejo Nacional Electoral (CNE), en relación con las resoluciones que reconocieron personería jurídica e inscripción a un movimiento político.

Antecedentes del caso

Los demandantes ejercieron el medio de control de nulidad consagrado en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), impugnando las resoluciones mediante las cuales se reconoció y se inscribió a un movimiento político en el registro único de partidos, movimientos y agrupaciones políticas. En primera instancia, el juez acogió el trámite de sentencia anticipada y decretó la práctica de diversas pruebas allegadas por las partes y de oficio, ordenando la realización de traslado de dichos medios probatorios a los sujetos procesales. Posteriormente, el movimiento político interviniente solicitó complementación probatoria basada en información remitida por la Fiscalía General de la Nación (FGN) y la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional. Además, pidió la incorporación de expedientes judiciales relevantes, así como la citación de funcionarios para rendir explicaciones sobre hechos relacionados con violaciones de derechos humanos. Adicionalmente, el apoderado del movimiento político formuló solicitud de nulidad procesal argumentando, entre otras cuestiones, la interrupción de términos procesales por la presentación de memoriales relacionados con pruebas, y la vulneración del derecho de defensa al no permitir la consulta completa y permanente de información reservada.

Consideraciones del Consejo de Estado

El magistrado ponente confirmó la competencia para resolver el recurso de reposición y evaluó la procedencia del mismo conforme a los plazos legales vigentes. En su análisis de fondo, señaló que no procede acceder a las solicitudes de complementación probatoria respecto a la información remitida por la Fiscalía General de la Nación, fundamentándose en los principios de oportunidad y preclusión establecidos en el CPACA. Se destacó que el término para aportar pruebas se había agotado conforme al trámite de sentencia anticipada, y que las pruebas presentadas por la FGN fueron incorporadas oportunamente al expediente conforme se recibían. Por tanto, las solicitudes de nuevos documentos o testimonios constituyen, en realidad, nuevas peticiones probatorias extemporáneas. Respecto a la información reservada aportada por la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, se mantuvo la reserva de acceso conforme a lo previsto en la Ley 1621 de 2013, que protege la identidad de funcionarios de inteligencia y contrainteligencia. Sin embargo, para salvaguardar el derecho al debido proceso, se ordenó correr traslado de dichos documentos a los sujetos procesales por un término de tres días, bajo estrictas medidas de custodia y control, con la posibilidad de consultar personalmente el material en la Secretaría de la Sección. En cuanto a la solicitud de nulidad procesal, el despacho rechazó las causales alegadas, explicando que los memoriales presentados no interrumpieron ni suspendieron el término para alegar de conclusión, pues no cumplían con los requisitos legales para tal efecto, como la relación con el curso del término o la solicitud de trámite urgente. Además, se indicó que no existió omisión en la práctica de pruebas, dado que el magistrado había ampliado las oportunidades probatorias y valoraría en sentencia las documentales allegadas. Por último, el despacho rechazó la interpretación que equiparaba las limitaciones de acceso a información reservada con la necesidad de aplicar normas del Código de Procedimiento Penal para garantizar el derecho de defensa, señalando que las medidas adoptadas son adecuadas y proporcionadas.

Decisión y efectos procesales

En virtud de lo anterior, el Consejo de Estado decidió:

No reponer el auto del 3 de julio de 2025 que rechazó las solicitudes probatorias adicionales y negó la nulidad procesal.
Rechazar por improcedente el recurso de súplica contra la decisión que negó la nulidad procesal.
Remitir el expediente para que sea resuelto el recurso de súplica en relación con la negativa a la complementación probatoria por los demás integrantes de la Sala.

Esta providencia reafirma los límites procesales para la presentación de pruebas y la importancia de respetar los términos legales para garantizar la estabilidad y eficiencia del proceso contencioso administrativo, preservando al mismo tiempo el derecho al debido proceso y la justicia material.

Importancia para el proceso electoral y el derecho administrativo

El caso reviste especial relevancia en materia electoral y contencioso administrativa, pues involucra decisiones del Consejo Nacional Electoral sobre la personería jurídica e inscripción de movimientos políticos, aspectos fundamentales para el ejercicio democrático y la participación ciudadana. La resolución pone de manifiesto la rigurosidad con que los tribunales administrativos examinan el cumplimiento de los requisitos legales procesales, y cómo equilibran la protección del derecho de defensa con la necesidad de evitar dilaciones indebidas o solicitudes probatorias extemporáneas. En suma, el auto del Consejo de Estado constituye un referente sobre la aplicación de las reglas procesales en el ámbito contencioso administrativo, especialmente en procesos electorales donde la certeza jurídica y el respeto a los derechos de las partes son esenciales para la legitimidad del sistema democrático. Esta decisión fortalece la confianza en las instituciones y promueve la transparencia y la justicia en los procesos electorales y administrativos del país.

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