Contexto y antecedentes del caso

El caso se originó con la presentación de una demanda de nulidad electoral contra el Decreto 639 de 2025, expedido por la Presidencia de la República. Este decreto convocaba a una consulta popular nacional y fue cuestionado por presuntas irregularidades en su expedición. La demanda fue admitida por el magistrado sustanciador mediante auto del 24 de junio de 2025, al considerar que cumplía con los requisitos legales establecidos en los artículos 162, 163 y 166 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Posteriormente, el Ministerio de Transporte interpuso un recurso de reposición contra la admisión de la demanda, solicitando su rechazo por carencia actual de objeto debido a la derogación del Decreto 639 mediante el Decreto 703 de 2025. De manera subsidiaria, pidió que el expediente fuera remitido a la Corte Constitucional, argumentando que este tribunal es competente para el control de constitucionalidad de las consultas populares de orden nacional, amparado en el numeral 3 del artículo 241 de la Constitución Política. Además, la Presidencia de la República y los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Educación Nacional presentaron escritos en los que coincidieron en la falta de competencia del Consejo de Estado para conocer del asunto, solicitando también la remisión a la Corte Constitucional y la terminación anticipada del proceso por sustracción de materia, dado que el decreto demandado fue derogado antes de la realización de la consulta.

Competencia y fundamentos jurídicos

El despacho encargado del caso, conforme al artículo 125 del CPACA, es competente para resolver el recurso de reposición interpuesto contra...