Contexto y antecedentes del proceso judicial

El Consejo de Estado, en su calidad de máximo tribunal de lo contencioso administrativo, conoció una demanda interpuesta contra el Decreto 639 del 11 de junio de 2025, expedido por la Presidencia de la República. El acto administrativo convocaba a una consulta popular nacional y fue impugnado mediante un medio de control de nulidad previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011. El demandante argumentó que el decreto adolecía de falsas motivaciones, desviación de poder y vulneración de las normas constitucionales y legales aplicables. En particular, sostuvo que el decreto desconocía un concepto previo desfavorable emitido por el Senado de la República, lo cual impedía la convocatoria a la consulta y que, además, se había aplicado indebidamente una excepción de inconstitucionalidad, usurpando funciones jurisdiccionales del Consejo de Estado. Ante la proximidad de la fecha prevista para la consulta, el 7 de agosto de 2025, el actor solicitó también la adopción de una medida cautelar de suspensión provisional para evitar efectos presupuestales y jurídicos que podrían resultar gravosos. El despacho admitió la demanda el 24 de junio de 2025, decisión contra la cual el Ministerio de Transporte interpuso recurso de reposición, solicitando que se revoque el auto admisorio para declarar la carencia actual de objeto, argumentando que el Decreto 639 había sido derogado por el Decreto 703 del 24 de junio de 2025. Además, solicitó la remisión del expediente a la Corte Constitucional, citando la competencia de este tribunal para conocer actos relacionados con consultas populares nacionales, conforme al artículo 241 de la Constitución Política. Simultáneamente, el...