Contexto y naturaleza de la decisión

El pasado 21 de julio de 2025, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado emitió un auto interlocutorio en el marco de un proceso judicial de protección de derechos e intereses colectivos. La providencia responde a la admisión de recursos de apelación interpuestos contra una sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Caldas, y a la evaluación de una solicitud para la práctica de prueba documental en segunda instancia.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso se inició con la presentación de una demanda de protección de derechos e intereses colectivos, amparados en los literales d), g) y l) del artículo 4° de la Ley 472 de 1998, que protegen, entre otros, el goce del espacio público, la seguridad y salubridad públicas, y el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente. La demanda fue presentada contra el municipio local, la corporación autónoma regional correspondiente y un particular. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Caldas acogió las pretensiones del demandante mediante sentencia del 27 de enero de 2025. Frente a dicha decisión, el municipio y el particular demandado interpusieron recursos de apelación, los cuales fueron concedidos por el magistrado sustanciador mediante auto del 26 de febrero de 2025, y el expediente fue remitido para conocimiento del Consejo de Estado.

Consideraciones jurídicas de la providencia

La Sala del Consejo de Estado analizó inicialmente la procedencia y oportunidad de los recursos de apelación con base en la legislación aplicable. Citó el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, que regula el recurso...