Contexto y tribunal

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, emitió un auto el 21 de julio de 2025 en el marco de un medio de control de protección de derechos e intereses colectivos. Esta providencia corresponde a un proceso de segunda instancia, luego de que se demanda al Municipio de un municipio de Cundinamarca y a una concesionaria vial, a raíz de una acción popular promovida por la Personería Municipal.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso tiene su origen en una acción popular presentada por la Personería Municipal contra el Municipio y la Concesionaria Vial de los Andes S.A.S., con la Agencia Nacional de Infraestructura también como demandada. En primera instancia, se adelantaron las actuaciones correspondientes y se aportó un documento como prueba en el escrito de apelación presentado por la concesionaria. Posteriormente, el 24 de junio de 2025, el Consejo de Estado decretó la admisión de esta prueba y corrió traslado a las demás partes para que se pronunciaran. En esta fase procesal, la Sala resolvió continuar con el trámite conforme a lo establecido en la normativa vigente.

Consideraciones jurídicas y fundamento de la decisión

El auto se fundamenta principalmente en el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, que regula el procedimiento administrativo y contencioso administrativo en Colombia. Este artículo establece los términos para que los sujetos procesales puedan presentar alegatos de conclusión y regula la participación del Ministerio Público en esta etapa. De acuerdo con el numeral 5 del citado artículo, si se decretan pruebas, una vez practicadas, el superior debe autorizar la presentación de alegatos por escrito, concediendo un término de diez (10) días para ello. En caso contrario, no procede la apertura de traslado para alegatos. Asimismo, el numeral 6 determina que el Ministerio Público puede emitir concepto desde la admisión del recurso y hasta antes de que el proceso ingrese al despacho para sentencia. En el caso concreto, al haberse decretado prueba con el documento aportado por la concesionaria vial y haberse cumplido con su práctica, la Sala ordenó correr traslado a todas las partes para que presenten sus alegatos de conclusión en el término legal de diez días, contado a partir del día siguiente a la notificación del auto. De igual forma, se informó al Ministerio Público sobre la posibilidad de emitir concepto antes de la remisión del expediente al despacho para sentencia. Por último, se ordenó a la Secretaría General que remita el expediente al Despacho dentro del término establecido para que se profiera la sentencia correspondiente.

Implicaciones procesales

Esta providencia representa un paso clave en la etapa final del proceso contencioso administrativo. La orden de trasladar los alegatos de conclusión permite a las partes consolidar sus argumentos y evidencias, garantizando el derecho al debido proceso. La participación del Ministerio Público en este momento también contribuye a la protección de los intereses colectivos involucrados. Además, la decisión refleja la aplicación estricta de la Ley 1437 de 2011, en particular del artículo 247, que busca agilizar y estructurar adecuadamente los procesos ante la jurisdicción administrativa, evitando dilaciones innecesarias y asegurando que se respeten los términos procesales.

Conclusión

El auto del Consejo de Estado, proferido en segunda instancia, formaliza la apertura del término para alegatos de conclusión en una acción popular contra un municipio y una concesionaria vial. Esta decisión se enmarca en la aplicación de la normativa procesal vigente y garantiza la participación de las partes y del Ministerio Público antes de que el proceso sea remitido para sentencia, asegurando así la tutela efectiva de los derechos e intereses colectivos en conflicto. Con este avance, se espera que el proceso culmine con una sentencia que resguarde el interés público y fortalezca la responsabilidad administrativa en la gestión de proyectos viales.