Propósito y alcance de la resolución

La resolución tiene como propósito principal establecer una metodología tarifaria integral, uniforme y actualizada para las personas prestadoras del servicio público de aseo en municipios y distritos con más de 5.000 suscriptores en zonas urbanas. La normativa regula aspectos técnicos, económicos y ambientales relacionados con la fijación de precios máximos, costos de operación y mecanismos de actualización, garantizando la cobertura eficiente y la calidad del servicio. Sus disposiciones aplican a los prestadores que atiendan áreas urbanas con la población señalada, incluyendo a quienes desarrollen actividades de recolección, transporte, aprovechamiento, tratamiento y disposición final de residuos sólidos. Asimismo, contempla la posibilidad de conformar mercados regionales para optimizar recursos y promover economías de escala.

Objetivo de la actualización y beneficios esperados

El objetivo fundamental es optimizar la eficiencia económica y operativa del servicio público de aseo, a través de una regulación que contemple los costos reales, incentivos para la innovación tecnológica y el respeto a la normativa ambiental vigente. Se busca también promover la justicia social mediante tarifas asequibles, con subsidios y descuentos ajustados a la capacidad económica de los usuarios, y fomentar la participación de organizaciones de recicladores de oficio, contribuyendo a su inclusión socioeconómica. Además, la actualización incorpora incentivos para la segregación en la fuente y la gestión sostenible de residuos, alineándose con políticas nacionales y compromisos internacionales sobre cambio climático y economía circular. El régimen tarifario está diseñado para incentivar la mejora continua en la prestación y calidad del servicio, beneficiando tanto a los usuarios como al medio ambiente.

Innovaciones y mecanismos tarifarios establecidos

La resolución introduce un esquema tarifario basado en componentes detallados que consideran: - Costos fijos por suscriptor, incluyendo barrido y limpieza de vías y áreas públicas. - Costos variables relacionados con la recolección, transporte, tratamiento, disposición final y aprovechamiento de residuos. - Segmentación de prestadores en Grandes Empresas de Aseo (GEA), otros prestadores (DGEA), y organizaciones de recicladores de oficio (ORO), con tarifas diferenciadas para cada segmento. - Aplicación de fórmulas tarifarias que permiten la actualización automática de costos mediante índices compuestos basados en el salario mínimo, índices de precios y costos específicos, y un factor de productividad que incentiva la eficiencia operativa. - Definición de mecanismos para la incorporación de aportes públicos de bienes y activos (bajo condición), que se descuentan de los costos reconocidos, evitando su traslado a las tarifas. - Establecimiento de un régimen de incentivos y descuentos por cumplimiento de metas de calidad, incluyendo indicadores sobre la calidad del tratamiento de lixiviados, la compactación en rellenos sanitarios, cumplimiento de rutas y frecuencias de recolección, calidad del servicio, exactitud tarifaria, y georreferenciación de usuarios. - Inclusión de un régimen especial para la presentación y gestión de información a través del Sistema Único de Información (SUI), con plazos y formatos definidos para garantizar la transparencia y fiscalización.

Medidas para promoción de la economía circular y protección ambiental

El marco tarifario contempla el reconocimiento económico de actividades asociadas al aprovechamiento de residuos, incentivando la gestión de reciclaje y valorización. Se establecen tarifas diferenciadas para la recolección selectiva y el tratamiento de residuos, con énfasis en la reducción de la huella ambiental y la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero. Asimismo, se incluye el incentivo para el uso de tecnologías limpias en actividades como poda y corte de césped, con tarifas que reconocen el uso de herramientas de bajas emisiones o eléctricas. Se promueven también alianzas público-populares para la inclusión de organizaciones comunitarias y recicladores de oficio.

Impacto y responsabilidades de los actores involucrados

Las personas prestadoras deberán adaptar sus operaciones a los nuevos parámetros tarifarios y reportar información precisa y oportuna, bajo la supervisión de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD). Los usuarios se beneficiarán de una mayor transparencia en la facturación, con desglose detallado de los costos y descuentos aplicados. El régimen establece mecanismos para la gestión de riesgos y la garantía de continuidad del servicio, asignando responsabilidades claras a los operadores de recolección, tratamiento y disposición final. Además, establece límites a la participación en el mercado para preservar la competencia y proteger a las organizaciones de recicladores de oficio.

Participación ciudadana y supervisión

Durante la elaboración del proyecto, se garantizó la participación de usuarios, prestadores, gremios y entidades públicas, con procesos de consulta y recepción de observaciones a través de plataformas oficiales. La SSPD y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) revisaron y emitieron conceptos previos, asegurando el respeto a los principios de libre competencia y protección al consumidor. La resolución establece obligaciones de reporte y seguimiento, con indicadores de cumplimiento que activan descuentos tarifarios en caso de incumplimiento, promoviendo la mejora continua y la responsabilidad social de los prestadores.

Vigencia y disposiciones finales

La metodología tarifaria tendrá una vigencia de cinco años a partir de su publicación oficial, con un plazo para que los prestadores la adopten y comiencen a aplicar las tarifas actualizadas. La regulación contempla la actualización periódica de costos y tarifas, la provisión financiera para el cierre y posclausura de rellenos sanitarios, y la eliminación gradual de tecnologías obsoletas. Se derogan normas anteriores incompatibles y se adicionan anexos técnicos y listados de prestadores, asegurando la coherencia del marco normativo. La resolución enfatiza el compromiso institucional con la sostenibilidad ambiental, la equidad social y la eficiencia económica en la prestación del servicio público de aseo en Colombia. --- Este análisis presenta, en términos accesibles, el contenido normativo y técnico de la resolución emitida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, que moderniza la regulación tarifaria del servicio público de aseo, incorporando criterios de sostenibilidad, innovación y participación social, con un impacto significativo en la calidad de vida y el ambiente urbano.

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Nueva metodología tarifaria para el servicio público de aseo en municipios con más de 5.000 suscriptores: Resolución CRA 2025

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