Propósito y contexto de la ley

La Ley 2517 de 2025, sancionada el 31 de julio y publicada en el Diario Oficial el 5 de agosto del mismo año, tiene como propósito principal fortalecer y ampliar la institucionalización del Día Nacional de la Niñez y Adolescencia Indígena en Colombia. Esta norma modifica la Ley 2132 de 2021, con el fin de reconocer y exaltar la importancia de los niños, niñas y adolescentes indígenas como sujetos de derechos y como portadores de saberes ancestrales fundamentales para la identidad cultural de los pueblos indígenas y para la nación en general. El ámbito de esta ley es eminentemente social y cultural, con implicaciones en políticas públicas, derechos étnicos y protección diferencial. Surge en un contexto de creciente reconocimiento de la diversidad cultural y la necesidad de proteger los derechos de las comunidades indígenas en Colombia, especialmente de sus grupos más vulnerables como la niñez y la adolescencia.

Proceso legislativo

El trámite legislativo de la Ley 2517 de 2025 se llevó a cabo en el Congreso de la República, donde se debatieron aspectos relacionados con el reconocimiento étnico, la participación de comunidades indígenas y la inclusión de políticas afirmativas. La aprobación contó con un consenso amplio en torno a la importancia de institucionalizar la conmemoración, involucrando a diversas entidades del Estado para garantizar su aplicación efectiva en todo el territorio nacional.

Contenido y disposiciones clave

Entre las modificaciones introducidas por la Ley 2517 destaca el cambio en el título de la Ley 2132 de 2021, que ahora refleja explícitamente el orgullo por los saberes ancestrales de la niñez y adolescencia indígena colombiana. Asimismo, se establece como fecha oficial de conmemoración el 26 de agosto, integrándola en el calendario nacional. La ley autoriza y ordena a varios ministerios —entre ellos, Interior; Salud y Protección Social; Educación Nacional; Igualdad y Equidad; Trabajo; Cultura, las Artes y los Saberes; Agricultura y Desarrollo Rural— y al Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF), a coordinar y ejecutar programas, actividades y eventos que:

Incluyan la niñez y adolescencia indígena como prioridad en la agenda pública, legislativa y mediática, así como ante órganos de control y autoridades indígenas.
Reivindiquen a los niños, niñas y adolescentes indígenas, incluyendo aquellos con diversidad funcional, como sujetos de derechos y beneficiarios de políticas públicas afirmativas y especiales.
Celebrar su vida y su rol en la preservación de los saberes ancestrales y la cultura indígena.
Permitan la presentación de informes sobre el desarrollo de políticas públicas relacionadas con la protección de esta población y la promoción de sus saberes.
Garantizar la participación en igualdad de género de líderes y lideresas indígenas en la planificación de actividades conmemorativas, asegurando la inclusión de niñas y mujeres en expresiones culturales y juegos ancestrales.

Además, se reconoce la autonomía de cada pueblo indígena para definir la forma en que conmemoran esta fecha, respetando sus costumbres y creencias, lo que protege la diversidad y multiculturalidad del país. En cuanto a la participación institucional, la ley autoriza a entidades territoriales y órganos legislativos locales a realizar actos públicos conmemorativos, con el requisito de invitar a representantes indígenas y asegurar la inclusión de los niños, niñas y adolescentes indígenas en la planificación. Importante es la disposición que permite destinar recursos públicos para apoyar las actividades del Día Nacional, con el fin de fomentar la cultura, identidad, economía y bienestar de la niñez indígena.

Sistema de indicadores para el monitoreo y evaluación

Una innovación relevante de esta ley es la creación de un Sistema de Indicadores para el Monitoreo y Evaluación de los Derechos de la Niñez y Adolescencia Indígena. Este sistema tiene como objetivo medir el impacto de las políticas públicas y actividades relacionadas con la conmemoración, así como el bienestar general de esta población. Los indicadores contemplan aspectos clave como:

Acceso a la educación: escolarización, permanencia y culminación de estudios.
Acceso a servicios de salud: cobertura, calidad, nutrición y atención médica.
Protección de derechos culturales: número de programas que promueven la preservación de saberes ancestrales.
Condiciones de vida y bienestar: índices de pobreza, violencia, trabajo infantil y vulnerabilidad.
Participación comunitaria: grado de involucramiento en decisiones y actividades conmemorativas.

El Ministerio del Interior, en coordinación con las entidades competentes y las autoridades indígenas, será responsable de implementar y dar seguimiento al sistema. Se prevé la presentación anual de informes públicos a instancias como la Mesa Permanente de Concertación Indígena y la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas, que detallarán avances y desafíos.

Implicaciones y aplicación práctica

La Ley 2517 de 2025 impulsa un enfoque integral para la protección y reconocimiento de la niñez y adolescencia indígena, trascendiendo la simple celebración simbólica. Al involucrar a múltiples ministerios y niveles de gobierno, fomentar la participación activa de las comunidades y establecer mecanismos de seguimiento, busca consolidar una cultura de respeto y promoción de los derechos étnicos en Colombia. Por otro lado, al permitir la adaptación de las conmemoraciones según las tradiciones propias de cada pueblo indígena, la ley respeta la diversidad cultural, evitando la homogenización y promoviendo la pluralidad. El establecimiento de recursos públicos específicos y el sistema de indicadores constituyen herramientas fundamentales para garantizar que los objetivos de la ley se traduzcan en acciones concretas y medibles, facilitando la rendición de cuentas y el ajuste de políticas. En síntesis, esta norma amplía el marco jurídico para la valoración de la niñez y adolescencia indígena, posicionando sus derechos y saberes ancestrales como elementos centrales del desarrollo social y cultural del país, y reafirmando el compromiso del Estado colombiano con la diversidad étnica y cultural que lo caracteriza.

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