Contexto y competencia judicial

La providencia fue emitida por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado, en calidad de segunda instancia. El caso llegó a este tribunal tras la apelación interpuesta contra la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico el 12 de julio de 2024, que había negado las pretensiones de la demanda de reparación directa. La cuantía reclamada superó los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, configurando la competencia originaria para los tribunales administrativos en primera instancia y la apelación para el Consejo de Estado.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso penal se inició a raíz de un accidente de tránsito ocurrido en octubre de 2007, en el que una persona falleció atropellada por un vehículo de servicio público. La Fiscalía General de la Nación abrió investigación por presunto homicidio culposo y ordenó diligencias para identificar y judicializar al responsable. Sin embargo, el trámite se prolongó por más de diez años sin que se adoptaran decisiones de fondo ni se lograra la individualización definitiva del conductor implicado. Durante ese tiempo, la parte actora, quien se constituyó como parte civil en el proceso penal, realizó múltiples gestiones procesales y extraprocesales para impulsar la investigación, incluyendo solicitudes de medidas cautelares y recursos de apelación contra resoluciones inhibitorias. No obstante, la Fiscalía incurrió en inactividad y falta de diligencia en la práctica oportuna de pruebas, lo que llevó a la prescripción de la acción penal en diciembre de 2017, decisión que fue notificada y quedó en firme en febrero de 2018. Ante esta situación, la...