Contexto y naturaleza de la decisión

El Consejo de Estado, en su Sala Quinta Especial de Decisión, emitió un auto mediante el cual aceptó el impedimento declarado por uno de sus consejeros para intervenir en el estudio de un recurso extraordinario de revisión. Este recurso se relaciona con una sanción disciplinaria impuesta por la Procuraduría General de la Nación a la gobernadora del departamento de Putumayo correspondiente al periodo 2016-2019.

Antecedentes fácticos y procesales

El consejero manifestó su impedimento debido a la relación familiar directa con una funcionaria de la Procuraduría General de la Nación, entidad demandada en el proceso. En particular, su cónyuge ocupa el cargo de procurador judicial II, desempeñándose como agente del Ministerio Público con funciones de dirección dentro de dicha entidad. El proceso radicado en la Sala Quinta Especial involucra la revisión de la sanción disciplinaria impuesta a la gobernadora, y la participación del consejero en el conocimiento del asunto podría generar una situación de conflicto de intereses o apariencia de parcialidad.

Fundamentos jurídicos del impedimento

El consejero invocó la causal de impedimento prevista en el numeral 3 del artículo 130 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), así como en el numeral 1 del artículo 141 del Código General del Proceso. Esta disposición establece que un magistrado debe declararse impedido cuando su cónyuge, compañero permanente o pariente hasta el segundo grado, ocupe cargos públicos en niveles directivo, asesor o ejecutivo en alguna de las entidades que participen en el proceso como parte o tercero interesado. La Sala recordó que no es necesario demostrar un interés directo o participación...