Contexto y tribunal que profiere la providencia

La providencia objeto de este análisis fue proferida por el Consejo de Estado de Colombia, específicamente por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera - Subsección B, en calidad de instancia superior. Se trata de un auto dictado el 24 de julio de 2025, en el marco de un recurso de apelación contra una sentencia en un proceso de reparación directa. Este medio de control jurisdiccional se dirigió contra la Nación – Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Fiscalía General de la Nación, la Superintendencia Financiera, la Superintendencia de Sociedades y el municipio de Popayán, por supuestas omisiones en sus funciones frente a actividades ilegales de captación masiva de dinero conocidas como el caso de “Las Pirámides”.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso se originó a partir de una demanda presentada en diciembre de 2010 por un grupo de afectados que buscaban que se declarara la responsabilidad patrimonial del Estado por daños derivados de la captación ilegal de dineros realizada por la empresa Proyecciones DRFE (Dinero Rápido, Fácil y Efectivo) en 2008. Según la demanda, las entidades públicas demandadas habrían incumplido sus deberes de inspección, vigilancia y control, así como de investigación oportuna, lo que ocasionó pérdidas económicas a los inversionistas. El Tribunal Administrativo del Cauca admitió la demanda, dio apertura a la etapa probatoria y adelantó varias decisiones sobre pruebas. Sin embargo, en octubre de 2017, dos magistrados de la Sala Escritural del mismo tribunal manifestaron estar incursos en causales de impedimento y enviaron el expediente al Consejo de Estado para que resolviera lo pertinente. En 2018, el Consejo de Estado ordenó que se devolviera el expediente al tribunal para que resolviera el impedimento, pero en 2025 el Tribunal Administrativo del Cauca informó que dichos magistrados ya no formaban parte del tribunal. Adicionalmente, los magistrados que integran la Sala Plena del Tribunal Administrativo del Cauca manifestaron impedimento para conocer el asunto con base en el numeral 1 del artículo 141 del Código General del Proceso, debido a que ellos, sus cónyuges y parientes en primer y segundo grado de consanguinidad tenían inversiones en las empresas captadoras DMG y DRFE. Este impedimento se fundamenta en la existencia de un interés directo o indirecto en el proceso que comprometería la imparcialidad judicial.

Consideraciones jurídicas y fundamento de la decisión

El Consejo de Estado precisó que, aunque el tribunal hizo referencia al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y la Ley 2080 de 2021, el proceso en cuestión se rige por el Código Contencioso Administrativo (CCA) debido a la fecha de presentación de la demanda, anterior a la entrada en vigencia del CPACA. Conforme al numeral 47 del artículo 160A del CCA, corresponde a esta corporación resolver los impedimentos que afecten a los magistrados del Tribunal Administrativo cuando éstos afectan a la totalidad del tribunal. Además, la decisión sobre el impedimento fue adoptada por el magistrado ponente, conforme al artículo 146A del CCA. El fundamento principal para declarar fundado el impedimento radica en la causal prevista en el numeral 1 del artículo 141 del Código General del Proceso, que establece que un juez debe abstenerse de conocer un asunto cuando él, su cónyuge o algunos de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo civil tengan un interés directo o indirecto en el proceso. En el caso concreto, los magistrados manifestaron que ellos y sus familiares tenían inversiones en las empresas captadoras implicadas en el proceso, lo que configura un interés directo e indirecto en la litis. Dado que el objeto del proceso es determinar la responsabilidad patrimonial de las entidades públicas por la omisión en el control y vigilancia de dichas empresas, la imparcialidad de estos magistrados se ve comprometida. Finalmente, el Consejo de Estado declaró fundado el impedimento de todos los magistrados del Tribunal Administrativo del Cauca. En consecuencia, y atendiendo a que el impedimento abarca a la totalidad del tribunal, se designó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que continúe conociendo y tramitando el proceso, evitando así posibles conflictos similares en tribunales regionales cercanos.

Conclusión y efectos prácticos

La decisión del Consejo de Estado subraya la importancia de garantizar la imparcialidad judicial en procesos de alta relevancia social y económica, especialmente aquellos relacionados con la responsabilidad estatal en casos de captación ilegal de recursos. La designación de un tribunal diferente para continuar conociendo del caso busca preservar la legitimidad y confianza en la administración de justicia, evitando que intereses personales o familiares de jueces afecten la objetividad de las decisiones judiciales. Este auto tiene un impacto significativo en la administración de justicia contencioso administrativa, al establecer un precedente claro sobre la aplicación de causales de impedimento y la remisión de procesos cuando la totalidad de un tribunal se encuentra inhabilitado para conocer un asunto. Además, refuerza el marco normativo que protege la imparcialidad y la transparencia en el ejercicio de la función jurisdiccional en Colombia, contribuyendo así a fortalecer la confianza ciudadana en el sistema judicial.