Providencia judicial en segunda instancia sobre pago de condena estatal

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado dictó sentencia el 18 de julio de 2025, en el recurso de apelación interpuesto contra el fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Cesar en primera instancia. El proceso versa sobre la ejecución de una condena patrimonial impuesta a la Nación, representada por la Fiscalía General y la Rama Judicial, en razón de perjuicios ocasionados por la privación injusta de la libertad de un ciudadano.

Antecedentes fácticos y procesales

El caso se origina en una acción de reparación directa iniciada por un ciudadano y su grupo familiar contra la Nación, en la cual se reclamó indemnización por perjuicios materiales y morales derivados de la privación injusta de la libertad sufrida por el demandante. La privación tuvo lugar en el ejercicio de funciones públicas, y la medida de aseguramiento afectó el desempeño de su cargo. En sentencia de primera instancia, y confirmada en apelación, se declaró la responsabilidad patrimonial del Estado y se condenó al pago de perjuicios morales y materiales, cuantificados en salarios mínimos legales y sumas específicas de dinero. La sentencia quedó ejecutoriada en marzo de 2017, pero la Nación no cumplió voluntariamente con la obligación. Ante la mora en el pago, el Tribunal Administrativo del Cesar ordenó el 7 de marzo de 2024 el mandamiento de pago, incluyendo intereses moratorios calculados desde la ejecutoria de la sentencia hasta el pago efectivo, conforme al artículo 177 del Código Contencioso Administrativo. La entidad demandada propuso la excepción de pago total, alegando que...