Propósito general y objetivo principal del proyecto de resolución

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio ha definido mediante resolución la estrategia para administrar el Subsidio Familiar de Vivienda (SFV) en la modalidad de adquisición de vivienda nueva, aplicable a sus convocatorias. El documento regula la postulación de hogares, la calificación y asignación del subsidio, así como la legalización del mismo, en consonancia con el marco legal vigente, incluyendo la Ley 3ª de 1991, Ley 388 de 1997, Ley 1469 de 2011, Ley 1537 de 2012, Ley 2079 de 2021 y el Decreto 1077 de 2015. El objetivo central es facilitar el acceso a vivienda digna para hogares que carecen de recursos suficientes, priorizando a los más vulnerables, y dinamizar la culminación de proyectos habitacionales que estén próximos a su entrega, asegurando calidad urbanística, arquitectónica y de construcción. La medida responde a la necesidad de superar barreras financieras que afectan a familias beneficiarias de subsidios y busca maximizar el impacto de los recursos públicos en la reducción del déficit habitacional.

Nuevas disposiciones y mecanismos introducidos

La resolución establece un conjunto detallado de condiciones y requisitos tanto para los oferentes de proyectos de vivienda nueva como para los hogares postulantes. Entre los aspectos innovadores se encuentran:

• Registro y habilitación de proyectos: Los oferentes deben acreditar experiencia mínima de cinco años, estar legalmente constituidos, y no tener sanciones por incumplimientos contractuales recientes. Además, los proyectos deben contar con licencias urbanísticas y de construcción ejecutoriadas y garantizar la calidad mediante las garantías legales.
• Criterios de calificación: Se aplicará una metodología de evaluación que asigna hasta 100 puntos a cada proyecto, habilitando solo aquellos con calificación superior a 70. La calificación pondera atributos urbanísticos, habitacionales, focalización y financiación.
• Prioridad a la vulnerabilidad: La estrategia pondera positivamente a proyectos que presenten un mayor número de postulantes con perfiles de alta vulnerabilidad, incluyendo hogares en pobreza o pobreza extrema (niveles A, B y C del SISBÉN IV), víctimas del conflicto armado y madres cabeza de familia.
• Condiciones para la postulación: Los hogares deben tener jefe mayor de edad, clasificación SISBÉN IV entre A1 y D20, y la vivienda debe ubicarse en proyectos habilitados por el Ministerio. Se excluyen propietarios de viviendas, salvo ciertas excepciones estipuladas en la normativa.
• Monto y aplicación del subsidio: El subsidio familiar de vivienda podrá otorgarse hasta por 22 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), aplicable a viviendas de interés social (VIS) cuyo valor no supere los 135 SMLMV, y excepcionalmente hasta 150 SMLMV en municipios determinados.
• Proceso de asignación y legalización: Incluye la verificación de requisitos, notificación para subsanación en caso de errores, asignación por orden de postulación hasta agotar recursos, y requisitos documentales para desembolso y escrituración que aseguran la correcta aplicación del subsidio.
• Conciliación con otros subsidios y fuentes de financiación: Se permite la concurrencia del SFV con otros subsidios del Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social y fuentes públicas o privadas.

Acciones y regulaciones establecidas

El proyecto regula también aspectos vinculados al manejo financiero y administrativo del subsidio:

• Los recursos para los subsidios serán administrados por el Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA), conforme a principios de eficacia y diligencia fiscal.
• Se establece una vigencia del subsidio de doce meses calendario desde la asignación administrativa.
• El procedimiento contempla la posibilidad de renuncia voluntaria por parte de los hogares postulantes o beneficiarios, con procedimientos claros para la restitución de recursos si ya han sido desembolsados.
• Se definen causales específicas para la pérdida y restitución del subsidio, tales como asignación sin cumplimiento de requisitos, información fraudulenta o falta de acreditación en escritura pública.
• El Ministerio podrá solicitar requisitos adicionales a los oferentes en cada convocatoria, garantizando transparencia y objetividad en la selección.

Impacto esperado y alcance potencial

La estrategia busca fortalecer la política pública de vivienda y hábitat, respondiendo a un contexto en el que existen hogares con subsidios y avances significativos en proyectos de vivienda que enfrentan dificultades para cerrar su financiamiento, lo que genera obstáculos para la entrega de viviendas terminadas. Al priorizar hogares en situación de vulnerabilidad y promover proyectos con altos estándares de calidad, se espera:

• Reducir el déficit habitacional cuantitativo y cualitativo en el país.
• Garantizar el acceso equitativo a la vivienda digna para sectores de menores ingresos.
• Incentivar la construcción de proyectos adaptados a personas con movilidad reducida y adultos mayores.
• Optimizar los recursos públicos mediante una asignación focalizada y eficiente.
• Contribuir a la consolidación de ciudades y territorios dignos, en línea con el Plan Nacional de Desarrollo.

Participación de actores clave

La implementación de la estrategia involucra principalmente:

• Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio: Autoridad responsable de definir condiciones, verificar requisitos, habilitar proyectos y validar postulaciones.
• Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA): Encargado de administrar los recursos, realizar asignaciones y emitir actos administrativos correspondientes.
• Oferentes de proyectos de vivienda nueva: Entidades jurídicas con experiencia que desarrollan los proyectos habitacionales y deben cumplir con requisitos legales y técnicos para participar.
• Hogares postulantes: Familias que solicitan el subsidio, con perfiles focalizados según criterios de vulnerabilidad y condiciones establecidas.

En conclusión, la resolución establece un marco normativo detallado para la asignación del Subsidio Familiar de Vivienda en la modalidad de adquisición de vivienda nueva, con énfasis en la transparencia, equidad y eficiencia, orientando la política pública hacia la atención de los hogares más necesitados y la calidad de la oferta habitacional en Colombia. Esta medida representa un avance significativo para garantizar el derecho a la vivienda digna y mejorar las condiciones de vida de las familias más vulnerables del país.