Tribunal y naturaleza de la providencia

El órgano que profirió la providencia es la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en ejercicio del control de nulidad previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA). La decisión adoptada corresponde a un auto admisorio de demanda, mediante el cual se da inicio formal al trámite del proceso de nulidad contra un acto administrativo.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso surge a partir de una demanda presentada contra el Acuerdo 1 del 26 de diciembre de 2024, expedido por el Consejo Superior de la Carrera Notarial (CSCN). Este acuerdo convoca, fija las bases y establece el cronograma para un concurso público y abierto de méritos con el fin de nombrar notarios en propiedad e ingresar a la carrera notarial. La demanda fue interpuesta por un ciudadano en ejercicio del medio de control de nulidad que permite impugnar actos administrativos que se consideren contrarios a la ley o al ordenamiento jurídico. En la revisión inicial, el Consejo de Estado verificó el cumplimiento de los requisitos formales exigidos por el CPACA, incluyendo los artículos 137 (acción de nulidad), 149 (requisitos de la demanda), y 162 y siguientes (procedimiento aplicable).

Consideraciones principales del auto admisorio

La Sala de lo Contencioso Administrativo declaró procedente la admisión de la demanda, lo cual implica que se encuentra en condiciones de iniciar el análisis material del acto impugnado. Entre las consideraciones relevantes se destaca que la demanda cumple con los requisitos formales para su trámite, lo que permite continuar con la etapa de traslado y permitir a la entidad demandada y demás intervinientes responder y allegar pruebas. El auto establece además las siguientes medidas procesales:

• Se ordena la notificación personal a la parte demandada y al agente del Ministerio Público, conforme a los procedimientos establecidos en los artículos 198 y 199 del CPACA.
• Se concede un término de treinta (30) días para que la entidad demandada, el Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presenten sus alegatos y aporten el expediente administrativo relacionado con el acto impugnado, conforme a los artículos 172 y 201A del CPACA.
• Se previene a la entidad demandada para que durante el término para contestar la demanda aporte todos los documentos y comunicaciones que obren en su poder y que tengan relación con el objeto del proceso, según lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 175 del CPACA.
• Se ordena informar a la comunidad sobre la existencia del proceso, en cumplimiento del artículo 171 numeral 5 del CPACA, garantizando la transparencia y publicidad del procedimiento.

Estas disposiciones buscan asegurar el debido proceso y la participación de las partes, así como garantizar la publicidad y acceso a la información relacionada con el proceso.

Contexto y relevancia de la decisión

El Acuerdo impugnado tiene un impacto directo en la carrera notarial, dado que establece las reglas y criterios para la selección de notarios en propiedad, función esencial dentro del sistema judicial y administrativo. La admisión de la demanda pone en marcha un control judicial sobre esta regulación, permitiendo evaluar la legalidad y transparencia del proceso convocado. La decisión refleja la función del Consejo de Estado como máxima autoridad en materia de lo contencioso administrativo, encargada de revisar la legalidad de los actos que afectan el orden público y el interés general, en este caso relacionado con la administración de justicia notarial. En síntesis, el auto admisorio marca el inicio formal de un proceso judicial que analizará en profundidad la validez del Acuerdo 1 de 2024, asegurando el respeto a los principios de legalidad, publicidad y participación en la administración pública. --- Esta noticia ofrece una visión clara y accesible sobre una providencia clave para la carrera notarial, resaltando los procedimientos legales y garantías procesales involucradas, sin entrar en valoraciones subjetivas y manteniendo el respeto a la privacidad de las personas implicadas.