Providencia y tribunal competente

La decisión fue adoptada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, órgano constitucional encargado del control disciplinario de los abogados, en ejercicio del grado jurisdiccional de consulta previsto en el artículo 257A de la Constitución Política de Colombia y la Ley 1123 de 2007. La providencia revisada corresponde a una sentencia de primera instancia emitida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Norte de Santander y Arauca el 14 de febrero de 2024, la cual fue objeto de examen para verificar el apego estricto al derecho sustancial y las garantías procesales.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso disciplinario se inició a partir de una denuncia penal recibida por la Fiscalía Especializada del Gaula, relacionada con una investigación por presunto delito de extorsión. La abogada investigada fue capturada en flagrancia cuando supuestamente recibía dinero producto de exigencias para evitar la expedición de órdenes de captura en contra de un investigado y su cónyuge, vinculados a procesos penales por explotación ilícita de yacimientos minerales. Durante la investigación disciplinaria, se acreditó que la abogada contactó al presunto afectado mediante llamadas telefónicas y encuentros personales para ofrecerle sus servicios profesionales, argumentando que tenía influencia sobre una funcionaria de la Fiscalía encargada de los procesos. A cambio de su representación, solicitó una suma significativa de dinero y la entrega de una mina para explotación, con el fin de evitar la continuación de la investigación y la captura de los involucrados. En las audiencias de juzgamiento y pruebas, se valoraron testimonios de funcionarios públicos, testigos, el denunciante y de la propia profesional, así como evidencias documentales...