Objetivo y ámbito de aplicación del proyecto de ley

El Proyecto de Ley número 025 de 2025, actualmente en etapa de primer debate en la Comisión Quinta Constitucional Permanente del Senado, tiene como objetivo principal declarar la Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM) como zona de interés ambiental, turístico, ecológico y pesquero. La iniciativa busca establecer un marco jurídico que permita la recuperación, protección y conservación de este ecosistema, considerado el humedal costero más grande y productivo del Caribe colombiano. El proyecto se enmarca en los ámbitos ambiental, social y económico, considerando la importancia ecológica de la CGSM, su potencial para el turismo sostenible y la relevancia de la pesca artesanal para la seguridad alimentaria y el sustento de miles de familias en la región. Tras la ponencia positiva emitida para su primer debate, el proyecto seguirá su trámite legislativo conforme a las etapas previstas en el Congreso para su eventual sanción y promulgación.

Contexto y problemática ambiental

La Ciénaga Grande de Santa Marta, ubicada en el departamento del Magdalena, fue declarada Humedal Ramsar en 1997 y Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 2000, reconociendo su alta biodiversidad y su función ambiental vital. Alberga una amplia variedad de flora y fauna, incluidos manglares, peces, crustáceos, aves migratorias y especies en peligro de extinción. Sin embargo, este ecosistema ha sufrido un deterioro considerable debido a la construcción de infraestructura vial que alteró sus dinámicas hídricas, la contaminación por residuos urbanos y agroquímicos, la sobreexplotación de recursos pesqueros y actividades ilegales de apropiación de terrenos que aceleran la sedimentación y la muerte de manglares. Además, la zona presenta un alto índice de necesidades básicas insatisfechas, evidenciando problemas sociales y económicos que afectan a las comunidades pesqueras y habitantes circundantes.

Contenido clave del proyecto de ley

El proyecto establece las siguientes disposiciones principales:

• Declaración de la CGSM como zona de interés ambiental, turístico, ecológico y pesquero: Reconociendo su valor estratégico, se crea la base legal para la implementación de acciones coordinadas de protección y desarrollo.
• Asignación de recursos: Autoriza al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la autoridad ambiental competente para incorporar y destinar recursos a programas de recuperación, protección y conservación, que incluyen la restauración paisajística y preservación de la biodiversidad.
• Desarrollo turístico sostenible: Facultades al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para declarar la CGSM atractivo turístico de utilidad pública e interés social, e incluirla en el inventario nacional, promoviendo proyectos de ecoturismo, agroturismo y acuaturismo bajo lineamientos ambientales internacionales y nacionales.
• Fomento de la pesca sostenible: Autoriza al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en particular a la autoridad nacional de acuicultura y pesca, para promover planes que garanticen la sostenibilidad de la pesca artesanal y acuícola, regulando métodos y especies, y promoviendo la participación de las comunidades pescadoras con enfoque de género.
• Coordinación interinstitucional: Los ministerios involucrados deberán apoyar, capacitar y asesorar a las comunidades y autoridades locales para impulsar programas ambientales, turísticos, sociales y pesqueros en la zona de influencia.
• Financiamiento y presupuesto: Se autoriza al Gobierno Nacional para incluir en el presupuesto nacional las asignaciones necesarias, respetando principios constitucionales de coordinación, concurrencia y subsidiariedad con las entidades territoriales del departamento del Magdalena y municipios aledaños.
• Vigencia: La ley entrará en vigor a partir de su sanción y promulgación.

Impacto potencial y debate legislativo

De aprobarse, la ley fortalecerá la protección jurídica de un ecosistema de gran importancia ambiental y cultural para Colombia, además de promover un desarrollo económico sostenible basado en el turismo responsable y la pesca artesanal organizada. Esto contribuirá a mejorar las condiciones de vida de las comunidades locales y a preservar el patrimonio natural para futuras generaciones. La ponencia presentada para primer debate destaca la pertinencia y constitucionalidad del proyecto, señalando que no genera gastos directos al presupuesto nacional sino que se ajusta a la discrecionalidad y coordinación con el Gobierno Nacional. Asimismo, se enfatiza la importancia de la participación comunitaria y la concertación interinstitucional como elementos clave para su éxito. Aunque no se reportan aún posturas públicas de rechazo, es previsible que en el debate legislativo se examinen aspectos relacionados con la viabilidad financiera, la gestión eficiente de los recursos y la articulación efectiva entre las entidades públicas y las comunidades locales. Expertos ambientales y sectores sociales podrían aportar visiones sobre la conservación y desarrollo sostenible, mientras que representantes del sector productivo y turístico analizarán las oportunidades económicas.

Comparación con legislaciones similares

La declaración de áreas de importancia ecológica con un enfoque integral que combina conservación ambiental, desarrollo turístico y fomento de actividades productivas sostenibles es una tendencia creciente en la legislación ambiental internacional. Países con ecosistemas similares, como México con sus humedales costeros protegidos, han adoptado normativas que buscan equilibrar la protección con el aprovechamiento económico responsable, inspirando modelos que podrían servir de referencia para Colombia.

Conclusión

El Proyecto de Ley número 025 de 2025 constituye un paso significativo en la política pública colombiana para reconocer y proteger la Ciénaga Grande de Santa Marta como un ecosistema estratégico, promoviendo su conservación, el desarrollo sostenible del turismo y la pesca artesanal. Su avance en el Congreso será objeto de análisis detallado, con la expectativa de que las medidas propuestas contribuyan al bienestar ambiental, social y económico de la región y del país, garantizando así la protección de este valioso recurso natural para las generaciones presentes y futuras.