Ministerio de Salud y Protección Social establece nuevo registro y procedimiento para negaciones injustificadas de servicios y tecnologías en salud
Proviene de: Resoluciones
14 de agosto de 2025 12:19:49
Contexto y entidad emisora
El Ministerio de Salud y Protección Social, en ejercicio de sus funciones legales y constitucionales, expidió la Resolución número 00001632 el 11 de agosto de 2025. Esta resolución responde a las competencias de inspección, vigilancia y control otorgadas principalmente a la Superintendencia Nacional de Salud, así como a mandatos de la Corte Constitucional y a la necesidad de mejorar la gestión de los recursos y servicios en el SGSSS.
Tema principal y destinatarios
La resolución establece un registro obligatorio para identificar y reportar las negaciones de servicios y tecnologías en salud, específicamente aquellas financiadas con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), en los regímenes contributivo y subsidiado. Además, regula un procedimiento para el reintegro de los recursos correspondientes cuando se detecten negaciones injustificadas.
El público al que se dirige esta normatividad incluye a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), las secretarías de salud departamentales, distritales y municipales, la Superintendencia Nacional de Salud y la Administradora de los Recursos del SGSSS (ADRES). Estos actores son clave para garantizar la correcta prestación de los servicios de salud y la administración transparente de los recursos públicos.
Objetivo y finalidad de la resolución
El principal objetivo es garantizar el derecho fundamental a la salud mediante la creación de un sistema integral que permita identificar, verificar y hacer seguimiento a las negaciones de servicios y tecnologías en salud sin justa causa. Esto se logra a través de un registro consolidado y un mecanismo de alertas tempranas que facilite la intervención oportuna de las autoridades competentes.
Asimismo, la resolución busca fortalecer el control financiero...
Este contenido fue escrito con la asistencia de JurIA, la inteligencia artificial de Avance Jurídico. Además, contó con la revisión del equipo jurídico y del editor.