Contexto y antecedentes del caso

La providencia judicial fue dictada por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, en segunda instancia, en el marco de una acción de tutela interpuesta por una madre comunitaria tradicional que alegaba la vulneración de sus derechos fundamentales al mínimo vital, trabajo, salud, seguridad social y vida digna. La accionante, con más de 18 años de experiencia en su labor, denunció que desde enero de 2025 no ha recibido salario pese a mantener vínculo laboral con una fundación contratada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Además, enfrenta múltiples patologías que limitan su capacidad para desempeñar sus funciones habituales y es madre cabeza de hogar con un hijo en situación de discapacidad. La acción fue inicialmente admitida y tramitada por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Turbo, que otorgó la protección provisional de derechos fundamentales, ordenando la reubicación laboral conforme a las restricciones médicas y el pago de los salarios pendientes. La fundación demandada impugnó la decisión, alegando improcedencia de la tutela por la existencia de otras vías judiciales y argumentando que no se configuró el incumplimiento del pago, dado que la trabajadora no prestó servicios por su incapacidad. Asimismo, sostuvo que el lugar de trabajo es el hogar de la accionante y que no era viable la reubicación.

La acción de tutela como mecanismo transitorio en protección laboral

El Tribunal recordó que la acción de tutela es un mecanismo preferente, subsidiario y sumario creado para proteger de manera inmediata los derechos fundamentales, especialmente cuando no existen otros medios judiciales idóneos o cuando se busca evitar un perjuicio irremediable, conforme a lo establecido en el artículo 8 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 86 de la Constitución Política. En materia laboral, la jurisprudencia ha señalado que la tutela no es el mecanismo ordinario para reclamar acreencias laborales; sin embargo, se admite su procedencia excepcional cuando está en juego el derecho fundamental al mínimo vital y se demuestra que el incumplimiento afecta la subsistencia digna del trabajador y su grupo familiar. Este caso reúne dichas condiciones, pues el impago prolongado de salarios pone en riesgo la vida digna de la madre comunitaria y su hijo discapacitado. Asimismo, el Tribunal enfatizó el derecho a la estabilidad laboral reforzada para personas en estado de debilidad manifiesta, como sucede con la accionante debido a sus patologías y el trámite en curso para la calificación de pérdida de capacidad laboral. Esta estabilidad implica la obligación del empleador de reubicar al trabajador en un cargo compatible con sus condiciones médicas, garantizando el derecho al trabajo y evitando la desvinculación arbitraria.

Perspectiva de género y reconocimiento de las madres comunitarias

Un aspecto fundamental de la decisión es la incorporación del enfoque de género en la administración de justicia. El Tribunal destacó que la justicia debe evitar reproducir patrones de desigualdad y discriminación, reconociendo la histórica lucha de las mujeres, especialmente madres comunitarias, por el reconocimiento y garantía de sus derechos laborales y sociales. Se resaltó que las madres comunitarias desempeñan labores del cuidado que forman parte del servicio público esencial a favor de la infancia en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, muchas están vinculadas mediante contratos con entidades intermediarias, lo que configura una forma de tercerización laboral que dificulta el acceso a derechos plenos. En este contexto, proteger sus derechos fundamentales es indispensable para promover la justicia material y la igualdad social. El Tribunal consideró que la accionante enfrenta barreras estructurales por su género, condición de salud y la precariedad de sus relaciones laborales, por lo que la tutela constituye una medida de protección reforzada que debe ser atendida con criterios de diferenciación positiva y justicia social.

Decisión y efectos de la providencia

La Sala confirmó la sentencia de primera instancia que amparó los derechos fundamentales de la madre comunitaria y ordenó:

La reubicación laboral conforme a las recomendaciones médicas, en un cargo de igual o superior categoría, durante un término de cuatro meses como medida transitoria mientras se adelantan las actuaciones ordinarias.
El pago de los salarios adeudados desde enero de 2025, que ascienden a más de cinco meses, sin perjuicio de las compensaciones que puedan surgir en procesos laborales ordinarios.
El exhorto a las autoridades judiciales y administrativas para que atiendan con perspectiva de género y criterios de diferenciación positiva la situación particular de las madres comunitarias.

Además, el Tribunal aclaró que la tutela procede de forma excepcional y no sustituye los mecanismos judiciales ordinarios, por lo que la afectada deberá iniciar la vía laboral para dirimir las controversias de fondo.

Implicaciones jurídicas y sociales

Esta providencia reafirma la función de la acción de tutela como un instrumento eficaz para proteger derechos fundamentales en situaciones de vulnerabilidad, especialmente cuando están en juego el mínimo vital y la estabilidad laboral de trabajadores con condiciones físicas limitantes. Además, destaca la importancia del enfoque de género en la justicia colombiana, reconociendo las particularidades y retos que enfrentan las mujeres en el ámbito laboral, en especial aquellas que desarrollan labores del cuidado en contextos precarizados y tercerizados. Finalmente, la decisión pone de manifiesto la responsabilidad del Estado y sus entidades contratantes, como el ICBF, en garantizar condiciones dignas y el respeto a los derechos laborales de quienes contribuyen al bienestar social, así como la necesidad de mecanismos judiciales ágiles y sensibles para atender casos de especial vulnerabilidad. Esta sentencia sienta un precedente importante para la protección integral de las madres comunitarias y fortalece el compromiso estatal con la igualdad de género y la justicia social en el ámbito laboral.

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Tribunal Administrativo de Antioquia confirma tutela para reubicación laboral y pago de salarios a madre comunitaria con enfoque de género

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