Contexto y naturaleza de la decisión

La providencia en cuestión corresponde a una sentencia proferida por la Sala de Decisión No. 6 del Tribunal Administrativo de Bolívar, en primera instancia, mediante la cual se negó el amparo solicitado en una acción de tutela. La acción fue instaurada contra el Juzgado Décimo Primero Administrativo del Circuito de Cartagena, con el propósito de proteger derechos fundamentales relacionados con el debido proceso, el acceso a la administración de justicia y el derecho de petición, ante una presunta omisión judicial.

Antecedentes fácticos y procesales

Los accionantes, en su calidad de partes procesales, presentaron una demanda de responsabilidad civil extracontractual contra una persona natural en ejercicio de cargo judicial. Inicialmente, la demanda fue asignada a un juzgado civil, que se declaró incompetente y remitió el expediente a la jurisdicción administrativa. Por reparto, el proceso quedó radicado en el Juzgado Décimo Primero Administrativo del Circuito de Cartagena. Posteriormente, los accionantes solicitaron a dicho juzgado aclaración sobre su competencia para conocer del proceso. La respuesta no fue emitida en el tiempo esperado, por lo que interpusieron la acción de tutela denunciando vulneración a sus derechos fundamentales. Alegaron que la demora en resolver la solicitud afectaba su derecho al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y al derecho de petición. El Juzgado Décimo Primero Administrativo rindió informe en el que solicitó negar la tutela, argumentando que no existía mora judicial ni vulneración de derechos, que se encontraba dentro de los términos legales para decidir sobre la admisión de la demanda y que el proceso ya había sido incluido en la planeación trimestral de trabajo.

Consideraciones jurídicas de la Sala

La Sala de Decisión examinó la competencia para conocer del asunto, confirmando su jurisdicción conforme al artículo 86 de la Constitución Política y la normativa reglamentaria vigente. El problema jurídico central se centró en determinar si la demora alegada constituía una vulneración de derechos fundamentales que justificara la procedencia de la acción de tutela. La Sala analizó el marco normativo y jurisprudencial aplicable, destacando lo siguiente:

El artículo 86 de la Constitución establece la acción de tutela como mecanismo preferente y sumario para la protección inmediata de derechos fundamentales ante acciones u omisiones de autoridades públicas.
La Corte Constitucional ha reconocido la procedencia excepcional de la tutela frente a omisiones judiciales injustificadas que afecten derechos como el debido proceso y el acceso a la administración de justicia (Sentencias SU-394 de 2016 y SU-297 de 2023).
La Ley 270 de 1996 dispone que la administración de justicia debe ser pronta, cumplida y eficaz, calificando los términos procesales como perentorios y de estricto cumplimiento.
El Código General del Proceso establece deberes para los jueces orientados a evitar la paralización y dilación del proceso.
Sin embargo, no existe un mecanismo procesal plenamente eficaz para obligar a resolver en tiempo determinado, lo que hace que la tutela sea un recurso idóneo en casos de mora judicial injustificada.
Para que la tutela proceda es necesario cumplir con el principio de subsidiariedad, que implica que el accionante haya actuado diligentemente y que la mora sea atribuible a la autoridad judicial.
La jurisprudencia exige también un plazo razonable entre la omisión y la presentación de la tutela para garantizar la inmediatez del recurso.

Al analizar el caso concreto, la Sala encontró que la demora denunciada no superó el estándar de razonabilidad. En efecto, el expediente fue radicado en el juzgado competente y tres días hábiles después se presentó la solicitud de aclaración de competencia. Seis días hábiles después se interpuso la acción de tutela, totalizando diez días hábiles desde la asignación del proceso. Esta temporalidad no fue considerada como una parálisis procesal injustificada, dado que el juzgado había incluido el expediente en su planeación para estudio y decisión. No se observaron indicios de desidia, abandono del trámite ni retraso irrazonable. Por tanto, no se configuró vulneración al derecho fundamental al debido proceso ni al acceso a la administración de justicia. Adicionalmente, la Sala precisó que el derecho de petición dentro del ámbito judicial se sujeta a los términos propios del proceso y que la demora en resolver una solicitud no implica, por sí sola, la violación de este derecho fundamental.

Decisión y conclusiones

En consecuencia, la Sala de Decisión No. 6 del Tribunal Administrativo de Bolívar declaró improcedente la acción de tutela instaurada contra el Juzgado Décimo Primero Administrativo del Circuito de Cartagena. Se negó el amparo por no acreditarse mora judicial injustificada ni vulneración de derechos fundamentales. La providencia destaca que el mecanismo adecuado para atender presuntas demoras judiciales es la vigilancia judicial administrativa prevista en la Ley 270 de 1996, y que la tutela debe reservarse para situaciones excepcionales en las que existan parálisis procesales atribuidas a la autoridad judicial y que generen perjuicio irremediable. Finalmente, el expediente fue remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de no presentarse recursos contra esta decisión. Esta sentencia reafirma la importancia de respetar los plazos razonables en la administración de justicia y del principio de subsidiariedad en la procedencia de la acción de tutela frente a omisiones judiciales, garantizando un equilibrio entre la protección efectiva de los derechos fundamentales y el respeto a la dinámica procesal ordinaria.

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Tribunal Administrativo de Bolívar declara improcedente tutela por presunta mora judicial en proceso de reparación directa

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