Contexto y antecedentes del caso

El Tribunal Administrativo de Bolívar, en segunda instancia, conoció el recurso de impugnación interpuesto contra la sentencia emitida por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Cartagena, que había declarado improcedente la acción de tutela. La acción fue promovida por una persona afectada en su salud tras sufrir un accidente de tránsito, quien solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a la vida, la salud y la seguridad social frente a una compañía de seguros encargada de la administración del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). Tras el accidente ocurrido en mayo de 2021, la accionante requirió la indemnización por incapacidad permanente, para lo cual se emitió un dictamen de pérdida de capacidad laboral (PCL) en mayo de 2024. Disconforme con la valoración, la accionante solicitó la remisión del caso a la Junta Regional de Calificación de Invalidez (JRC) y el pago de los honorarios correspondientes. La aseguradora se negó a asumir estos costos y rechazó la apelación presentada. El juzgado de primera instancia consideró que la acción de tutela no cumplía con el requisito de subsidiariedad, dado que no se acreditó una situación de urgencia que justificara su procedencia, y ordenó negar la solicitud. La accionante impugnó este fallo, argumentando incapacidad económica para cubrir dichos gastos y la vulneración de sus derechos fundamentales.

Fundamentos jurídicos y marco normativo aplicable

La Sala de Decisión No. 6 del Tribunal Administrativo de Bolívar se declaró competente para conocer el asunto conforme a lo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política y la regulación procesal aplicable. El análisis principal giró en...