Contexto y antecedentes del caso

La Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, analizó un conflicto de competencia surgido entre dos juzgados civiles del circuito localizados en diferentes distritos judiciales: uno en Montería y otro en Envigado. El litigio se originó cuando una entidad bancaria presentó una demanda ejecutiva contra dos personas, buscando obtener el pago de obligaciones derivadas de pagarés garantizados con una hipoteca abierta de primer grado sobre un inmueble ubicado en Montería. El juzgado de Montería inicialmente admitió la demanda, atribuyéndose competencia en razón de la ubicación del predio hipotecado. Sin embargo, este despacho remitió el proceso al juzgado de Envigado, donde domicilian los demandados, argumentando que la demanda también perseguía otros bienes localizados en esa circunscripción. Por su parte, el juzgado de Envigado inadmitió la demanda para que se aclarara la naturaleza del proceso —si se trataba de un ejecutivo singular o uno para la adjudicación especial de la garantía real— y finalmente declinó la competencia, generando un conflicto negativo que llegó a la Corte Suprema de Justicia.

Fundamentos jurídicos de la decisión

El conflicto fue sometido a la Corte Suprema de Justicia en virtud de su competencia para resolver disputas entre funcionarios judiciales de distintas jurisdicciones. La Sala recordó que el Código General del Proceso establece reglas claras sobre la competencia territorial en materia civil y comercial, en particular en los artículos relacionados con los procesos ejecutivos y los derechos reales. El numeral 1 del artículo 28 del Código General del Proceso establece la regla general de competencia basada en el domicilio del demandado....