Contexto y antecedentes del caso

El conflicto de competencia se originó en un proceso ejecutivo iniciado por una sociedad de economía mixta del orden nacional, cuyo domicilio principal está en Bogotá, contra un particular, con fundamento en las obligaciones derivadas de un pagaré. Inicialmente, la demanda fue presentada ante un juzgado promiscuo municipal en un municipio de Cundinamarca, sin alegar competencia territorial, sino únicamente factor cuantía. El juzgado local dictó mandamiento de pago y ordenó continuar con la ejecución, además de aprobar la liquidación de costas y del crédito. Posteriormente, declaró su falta de competencia territorial y remitió el proceso a los juzgados civiles municipales de Bogotá, en razón del domicilio principal de la entidad ejecutante, basándose en el artículo 28-10 del Código General del Proceso. El expediente fue asignado a un juzgado de pequeñas causas y competencia múltiple de Bogotá, que declinó su conocimiento y planteó un conflicto de competencia, argumentando que el juzgado promiscuo municipal debía haber rechazado la demanda desde un principio por falta de competencia territorial y que, conforme al principio de perpetuatio jurisdictionis, debía continuar conociendo del proceso.

Consideraciones jurídicas de la Corte Suprema de Justicia

La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema inició su análisis recordando que la entidad ejecutante tiene la naturaleza jurídica de sociedad de economía mixta del orden nacional, sujeta al régimen de empresa industrial y comercial del Estado y con domicilio principal en Bogotá. En este sentido, aplicó el numeral 10 del artículo 28 del Código General del Proceso, que establece un fuero personal o subjetivo para estas entidades, prevaleciendo...