Providencia judicial y tribunal de instancia

La providencia objeto de análisis es un auto proferido por un Magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, en calidad de instancia extraordinaria, el 14 de agosto de 2025. Esta decisión confirma una providencia previa dictada por una magistrada de la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Guadalajara de Buga, quien había negado la acción de habeas corpus presentada por el imputado.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso penal se origina con la captura en flagrancia del imputado el 15 de noviembre de 2024, por la presunta comisión del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, tras ser sorprendido transportando una cantidad significativa de sustancias derivadas del cannabis. El imputado manifestó en varias oportunidades su condición de indígena y comunero perteneciente a un resguardo ubicado en la región de Risaralda, argumentando que la sustancia incautada tenía fines medicinales y que debía estar sujeto a la jurisdicción especial indígena. Durante la audiencia preliminar de garantías, la defensa planteó la necesidad de que se reconociera la competencia de la Jurisdicción Especial Indígena (JEI) y que se tomaran en cuenta los procedimientos propios de la comunidad indígena para la imposición y cumplimiento de la medida de aseguramiento. Sin embargo, el juzgado ordinario no convocó a las autoridades del cabildo indígena para verificar dicha competencia, y se impuso una medida de aseguramiento de detención preventiva intramural. El imputado interpuso recursos ordinarios, incluyendo apelaciones contra la legalización de captura y la imposición de la medida de aseguramiento, los cuales fueron confirmados por la segunda instancia. Además, se negó una solicitud de cambio de jurisdicción y competencia hacia la JEI, decisión que también fue apelada y se encuentra pendiente de resolución. En este contexto, el imputado presentó una acción de habeas corpus alegando la vulneración de derechos fundamentales como la integridad étnica, cultural y social, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de conciencia y expresión, el debido proceso, la presunción de inocencia, la igualdad y la dignidad humana, derivadas de la supuesta ilegalidad de su privación de libertad por no respetarse su condición de indígena y comunero, ni aplicarse los procedimientos propios de la jurisdicción indígena.

Consideraciones jurídicas y fundamentos de la decisión

La Corte Suprema recordó que la acción de habeas corpus es un mecanismo constitucional especial cuyo objeto es garantizar la libertad personal frente a privaciones ilegales o prolongadas más allá de los términos legales establecidos. No obstante, subrayó que este mecanismo tiene un carácter residual y subsidiario, y no puede utilizarse para sustituir ni reemplazar los procesos judiciales ordinarios ni los recursos que estos contemplan. Se reiteró que la acción de habeas corpus procede en casos donde la privación de libertad es arbitraria, ilegal o configura una vía de hecho, tales como ausencia de competencia del juez, defectos procesales absolutos, falta de motivación o violaciones directas a la Constitución. En este caso, la Corte encontró que no se presentaron tales causales. El análisis de la Corte evidenció que el imputado fue privado de la libertad mediante decisiones judiciales debidamente motivadas, con el respeto de las garantías procesales, oportunamente impugnadas mediante los recursos ordinarios correspondientes. Además, la condición de indígena y comunero fue examinada dentro del proceso penal, pero no se acreditaron los presupuestos para que la jurisdicción indígena asumiera competencia sobre el caso, dado que el delito se habría cometido fuera del territorio geográfico protegido por el resguardo y las autoridades indígenas. La Corte también destacó que las controversias relativas al cambio de jurisdicción y competencia deben resolverse por el juez natural competente, en este caso la Sala Penal del Tribunal Superior, y que la acción de habeas corpus no es el medio idóneo para adelantar tales debates ni para ordenar cambios en las condiciones de detención. Finalmente, se concluyó que la solicitud de habeas corpus carece de vocación de prosperidad, ya que el proceso penal sigue su curso con las garantías debidas y el imputado cuenta con recursos ordinarios en trámite para controvertir las decisiones adoptadas. Por lo tanto, se confirmó la negativa a conceder el amparo solicitado.

Decisión

El Magistrado ponente de la Corte Suprema resolvió:

Confirmar el auto que negó la acción de habeas corpus por considerar que no se ha configurado privación ilegal de la libertad ni vulneración de derechos fundamentales.
Declarar improcedente el habeas corpus como mecanismo para sustituir la vía ordinaria y desplazar la competencia del juez natural.
Ordenar la devolución del expediente al Tribunal de origen para el trámite correspondiente.
Informar que contra esta decisión no procede recurso alguno.

Esta providencia reafirma la naturaleza residual de la acción de habeas corpus y el respeto a la competencia de los órganos judiciales ordinarios en materia penal, incluso en casos que involucran la condición especial de personas indígenas y la eventual aplicación de la jurisdicción especial indígena. Así, se garantiza el equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la correcta administración de justicia dentro del marco legal vigente.

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Corte Suprema confirma negativa de habeas corpus en caso relacionado con jurisdicción indígena y proceso penal ordinario

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