Contexto y antecedentes del proceso

La providencia judicial en cuestión fue dictada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el marco de un recurso de casación promovido contra la sentencia emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. Este fallo confirmó, con algunas modificaciones, la condena dictada en primera instancia por un juzgado penal del circuito de Bogotá. Los hechos se remontan a una serie de demandas laborales presentadas por una profesional del derecho que representó a dieciocho ex empleados de la empresa estatal liquidada responsable de la administración portuaria. Estas demandas reclamaban pagos de reliquidaciones de prestaciones sociales, salarios moratorios y reajustes de mesadas pensionales, basados en conceptos que los tribunales superiores revocaron por carecer de fundamento legal o convencional. El pago de estas acreencias se realizó mediante conciliaciones y resoluciones administrativas que implicaron desembolsos significativos en bonos TES, representando un detrimento para los recursos públicos. Posteriormente, la Fiscalía abrió investigación penal contra la abogada, acusándola de determinadora en la comisión del delito de peculado por apropiación agravado, dado que su actuación judicial y extrajudicial habría facilitado el reconocimiento y pago indebido de estas acreencias. Tras un largo proceso que incluyó audiencias, formulación de acusación y juicio oral, el juzgado de primera instancia profirió sentencia condenatoria, sancionando con pena privativa de la libertad, multa e inhabilitaciones para ejercer funciones públicas y la profesión. El Tribunal Superior confirmó la condena, pero con una dosificación penal ajustada. Contra esta decisión, la defensa interpuso recurso extraordinario de casación, cuestionando fundamentalmente la valoración probatoria y la tipicidad de la...