Pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia sobre demanda de casación

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de su competencia constitucional y legal, resolvió inadmitir la demanda de casación interpuesta contra la sentencia proferida el 7 de noviembre de 2023 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. La providencia confirmó, con modificaciones, la condena dictada por el Juzgado Penal del Circuito de Conocimiento de la misma ciudad, en contra de un procesado acusado por los delitos de fraude procesal y obtención de documento público falso.

Antecedentes fácticos y procesales

El caso se originó a partir de la liquidación de una sociedad conyugal mediante escritura pública, en la que dos inmuebles quedaron en dominio compartido entre una persona y una sociedad comercial. Posteriormente, el acusado utilizó un poder presuntamente apócrifo para vender dichos inmuebles a un tercero, transacciones que fueron formalizadas mediante escrituras públicas y registradas en los folios de matrícula inmobiliaria correspondientes. Al no contar con la autorización legítima para estas ventas, la afectada instauró denuncia penal. La Fiscalía General de la Nación formuló imputación por los delitos de obtención de documento público falso, falsedad en documento privado y fraude procesal, cargos que no fueron aceptados por los imputados. En primera instancia, el juzgado condenó al acusado por la obtención de documento público falso y fraude procesal, imponiéndole una pena privativa de libertad, multa e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, absolviéndolo por el delito de falsedad en documento privado. En segunda instancia, el Tribunal Superior confirmó la condena con modificaciones en pena y sanciones accesorias.

Aspectos centrales de la demanda de casación

La defensa interpuso recurso de casación alegando principalmente dos cargos:

Violación del debido proceso: Se argumentó que la Fiscalía no expuso de forma clara y sucinta los hechos jurídicamente relevantes en las audiencias de imputación y acusación, vulnerando los numerales 2° de los artículos 288 y 337 del Código de Procedimiento Penal, lo que habría impedido el ejercicio efectivo del derecho de defensa.
Falso juicio de identidad por cercenamiento: Se sostuvo que el Tribunal Superior omitió valorar en su totalidad y con objetividad las declaraciones de peritos y testigos, cuya apreciación habría generado duda sobre la responsabilidad penal del acusado, especialmente en cuanto a la idoneidad del documento apócrifo utilizado para inducir en error a funcionarios públicos.

Consideraciones y fundamentos de la Corte Suprema de Justicia

La Sala de Casación Penal recordó que el recurso de casación es un mecanismo extraordinario de control, cuya admisión exige rigor lógico-argumentativo, concreción y demostración de la trascendencia de los vicios denunciados. No se trata de un medio para prolongar el debate o revaloración probatoria, sino para corregir errores sustanciales que afecten derechos fundamentales o garantías procesales. Respecto al primer cargo, la Corte concluyó que la Fiscalía sí cumplió con la obligación de relacionar los hechos jurídicamente relevantes en las audiencias de imputación y acusación, describiendo el contexto fáctico y la conducta atribuida al procesado. La Sala enfatizó que las supuestas falencias denunciadas no afectaron de manera real y cierta el derecho de defensa ni generaron indefensión, pues el acusado contó con la asistencia técnica y material necesaria durante todo el proceso, incluyendo la práctica de pruebas periciales y testimoniales. En cuanto al segundo cargo, la Corte evidenció que el Tribunal Superior valoró adecuadamente las declaraciones de los peritos y testigos, quienes concluyeron que la firma en el poder especial era apócrifa y que se incurrió en falsificación. La argumentación del recurrente sobre la supuesta idoneidad inadecuada del documento fue interpretada como una discrepancia con la valoración probatoria, la cual no puede ser objeto de revisión en casación. Asimismo, la absolución por falsedad en documento privado se fundamentó en la ausencia de pruebas suficientes para atribuir la conducta falsificadora, distinción que fue correctamente hecha por los juzgadores. La Sala de Casación Penal concluyó que no se acreditaron errores de juicio ni de procedimiento que justificaran la admisión del recurso ni la declaración de nulidad parcial o total del proceso. Tampoco se evidenció vulneración de derechos fundamentales que ameritaran la intervención oficiosa del alto tribunal para decidir de fondo.

Decisión final

En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió inadmitir la demanda de casación presentada contra la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Contra esta decisión no procede recurso alguno, salvo la posibilidad de interponer el mecanismo de insistencia previsto en el artículo 184 de la Ley 906 de 2004, conforme a la jurisprudencia vigente. Esta providencia confirma la importancia del control estricto del recurso de casación en salvaguarda de la seguridad jurídica, la eficacia procesal y el respeto de las garantías constitucionales en los procesos penales, evitando la prolongación indebida de controversias y la revaloración probatoria en sede extraordinaria. De esta manera, se reafirma el compromiso del alto tribunal con la correcta administración de justicia y la protección de los derechos fundamentales en el ámbito penal.

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