Contexto y naturaleza de la decisión

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de su competencia para conocer recursos de apelación, analizó el recurso presentado por la Fiscalía 21 de la Unidad de Justicia y Paz contra la decisión de una magistrada de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá. La magistrada había declarado su falta de competencia para pronunciarse sobre la exclusión de varios postulados del proceso de Justicia y Paz por haberse comprobado la comisión de delitos posteriores a su desmovilización. La providencia judicial en cuestión es un auto que resuelve sobre la admisibilidad y competencia para conocer la apelación interpuesta, no sobre el fondo del asunto. Por lo tanto, la Corte Suprema abstuvo de resolver el recurso y devolvió el expediente al Tribunal de origen para que se pronuncie de fondo.

Antecedentes fácticos y procesales

Desde julio de 2020, la Fiscalía 21 de la Unidad de Justicia y Paz solicitó la terminación anticipada de procesos judiciales en virtud de la causal de exclusión prevista en el artículo 11A de la Ley 975 de 2005, modificada por la Ley 1592 de 2012. Esta causal aplica cuando un postulado ha sido condenado por la comisión de delitos dolosos posteriores a su desmovilización o ha delinquido estando privado de la libertad. En varias audiencias desarrolladas entre 2021 y 2023, la Fiscalía sustentó solicitudes de exclusión contra varios postulados desmovilizados de grupos armados ilegales, fundamentando sus peticiones en sentencias condenatorias ejecutoriadas por delitos como extorsión agravada, fabricación y porte de armas, concierto para delinquir agravado, homicidio...