Contexto y antecedentes del caso

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia emitió un auto en el marco de la definición de competencia para resolver el recurso de apelación presentado contra una providencia judicial. En concreto, la controversia gira en torno a la negativa del Juzgado 2° de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Fusagasugá para conceder la prisión domiciliaria solicitada por la defensa de un condenado por violencia intrafamiliar. Este proceso se originó tras una denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación por un caso de violencia intrafamiliar ocurrido en 2018. El juzgado de primera instancia inicialmente absolvió al acusado; sin embargo, la Fiscalía apeló y el Tribunal Superior revocó parcialmente la sentencia, condenándolo a 48 meses de prisión. Posteriormente, la defensa solicitó prisión domiciliaria como mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, petición que fue negada por el juez de ejecución. El apoderado del condenado interpuso recurso de apelación contra la negativa de prisión domiciliaria, pero el juzgado de conocimiento rehusó la competencia para resolver tal recurso, argumentando que la Sala Penal del Tribunal Superior era la autoridad competente. En contraposición, dicha Sala señaló que la competencia correspondía al juzgado de primera instancia, lo que generó la controversia que llevó el asunto a la Corte Suprema.

Fundamentos jurídicos y análisis de la Corte Suprema

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema inició su análisis con la competencia, conforme al numeral 3° del artículo 32 de la Ley 906 de 2004, que le atribuye la función de definir competencias entre jueces y...