Providencia de segunda instancia en tutela civil

La Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, emitió un auto mediante el cual negó la solicitud de aclaración y adición a la sentencia de tutela STC6638-2025, proferida el 9 de mayo de 2025. La petición fue radicada en calidad de recurso por una sociedad accionante que había instaurado la tutela contra la Sala Civil del Tribunal Superior y el Juzgado Cuarenta y Siete Civil del Circuito del Distrito Judicial de Bogotá.

Antecedentes fácticos y procesales

El conflicto se originó en el litigio identificado con el número 2021-00547, en el cual la sociedad accionante manifestó inconformidad con las sentencias emitidas el 3 de mayo de 2023 y el 6 de noviembre de 2024. La queja central giraba en torno a la decisión de declarar improcedente el resguardo solicitado, bajo el argumento de que no se había trabado la litis ni se resolvió una solicitud de pruebas, lo que habría dado lugar a una “sentencia anticipada” sin cumplimiento del debido proceso. En el curso del proceso, la sociedad presentó una solicitud de nulidad constitucional prevista en el artículo 29 de la Constitución Nacional, invocando la presunta violación de varios artículos del Código General del Proceso (CGP) —específicamente los artículos 13, 117 inciso 2, 278, 442 y el numeral 5º del artículo 443 y siguientes—, así como principios constitucionales como la legalidad, preclusión, dispositivo, congruencia, ejecutoria y seguridad jurídica. El argumento principal era que la sentencia anticipada se dictó sin trabarse la litis debido a la falta de contestación de la demanda y de interposición de excepciones por parte de una entidad financiera involucrada. Sin embargo, el juez natural encargado del caso aún no había resuelto dicho incidente de nulidad constitucional, motivo por el cual la Corte Suprema consideró inapropiado intervenir anticipadamente en la decisión.

Solicitud de aclaración y adición a la sentencia de tutela

La sociedad accionante solicitó aclaraciones puntuales sobre si la Sala tuvo en cuenta ciertos recursos y escritos presentados en fechas cercanas a la emisión de la sentencia, en particular recursos de reposición y apelación contra autos previos, así como documentos que pretendían demostrar ilegitimidad funcional y deficiencias en el principio de contradicción en sede de tutela. Además, pidió pronunciamientos expresos sobre el tratamiento dado al silencio procesal de la entidad financiera y la extemporaneidad en la contestación presentada por una magistrada. En cuanto a la adición, solicitó que se emitiera un pronunciamiento claro y motivado sobre la posición de la Corte frente al incidente de nulidad constitucional pendiente, y si el defecto procesal señalado podía ser resuelto de fondo sin esperar la resolución previa del incidente. También requirió que se incluyera un pronunciamiento sobre la admisión o desestimación de los recursos presentados y que se ordenara expresamente al Tribunal Superior resolver sin dilaciones el incidente de nulidad constitucional.

Consideraciones jurídicas de la Corte Suprema

La Corte Suprema recordó que conforme al artículo 4º del Decreto 306 de 1992, son aplicables las disposiciones del Código General del Proceso para la interpretación de normas especiales en materia de tutela, sin contravenir su esencia de trámite expedito y no formal. Destacó, asimismo, los artículos 285 y 287 del CGP, que regulan la aclaración y adición de sentencias. La aclaración procede solo cuando la sentencia contenga conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda, ya sea en la parte resolutiva o que influyan en ella, y la adición es procedente si la sentencia omitió pronunciarse sobre aspectos esenciales de la litis. Tras analizar el caso, la Sala concluyó que la sentencia STC6638-2025 no contenía expresiones equívocas ni omisiones relevantes que generaran dudas o incertidumbres. La decisión había explicado claramente que la solicitud era improcedente por falta de cumplimiento del requisito de subsidiariedad, dado que existía un mecanismo ordinario de nulidad constitucional en trámite ante el juez natural, quien debía resolverlo primero. Además, la Corte señaló que no se omitió pronunciarse sobre ningún extremo de la litis, sino que lo que se evidenciaba era un desacuerdo con los fundamentos del fallo. Por ello, no correspondía utilizar la figura de aclaración o adición para introducir pretensiones no formuladas inicialmente.

Decisión final

Con base en estas consideraciones, la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de sus competencias constitucionales, negó la solicitud de aclaración y adición a la sentencia de tutela STC6638-2025. Se ordenó comunicar esta decisión a las partes por el medio más expedito posible y se dispuso su notificación y cumplimiento conforme a derecho. Esta providencia reafirma la importancia de respetar la competencia del juez natural para resolver incidentes procesales y la aplicación estricta de los requisitos para la procedencia de aclaraciones y adiciones en sentencias judiciales, garantizando así la seguridad jurídica y el debido proceso. Con esta decisión, la Corte Suprema fortalece la confianza en el sistema judicial y confirma que la tutela debe ser un mecanismo ágil y claro, sin que se convierta en un espacio para resolver controversias procesales pendientes en otras instancias.