Contexto y tribunal competente

La providencia judicial en cuestión fue emitida por la Sala Segunda de Decisión de Tutelas de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, instancia máxima encargada de dirimir conflictos negativos de competencia en materia de tutela. La controversia surgió entre el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Barbosa, Santander, y el Juzgado Cuarenta y Cinco Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, quienes se disputaban la competencia para conocer una acción de tutela.

Antecedentes fácticos y procesales

El proceso se originó a raíz de una acción de tutela presentada contra la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, en la cual el accionante solicitaba la prescripción de órdenes de comparendo emitidas en su contra y denunciaba la omisión de la entidad en tramitar sus solicitudes. Inicialmente, el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Barbosa asumió el conocimiento del caso, pero mediante auto declaró su incompetencia debido a que el accionante reside en Bogotá y la supuesta violación de derechos se habría producido en esa ciudad. En consecuencia, el proceso fue asignado al Juzgado Cuarenta y Cinco Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, que también planteó un conflicto negativo de competencia y remitió el caso a la Corte Suprema para que determinara la autoridad judicial competente.

Consideraciones jurídicas y fundamentos de la decisión

La Corte Suprema fundamentó su decisión en el análisis de las normas aplicables a la competencia territorial en materia de tutela. En particular, se remitió a los artículos 16 y 18 de la Ley 270 de 1996 y al artículo 139 del...