Contexto y antecedentes del caso

El presente conflicto se originó a raíz de una acción de tutela presentada contra el Ministerio de Educación Nacional, con el propósito de proteger el derecho fundamental de petición. El accionante, a través de su apoderada, solicitó información sobre las instituciones educativas donde su hijo menor ha estudiado entre abril de 2013 y junio de 2025. La entidad pública respondió, pero el reclamante consideró que la respuesta fue insuficiente y evasiva, alegando vulneración de sus derechos. La demanda fue inicialmente asignada al Juzgado Quinto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Popayán, que rehusó competencia territorial argumentando que la vulneración se proyecta en Cali, lugar de residencia del accionante, y que por tratarse de una entidad nacional, el conocimiento del asunto corresponde a un juez del distrito donde se generan los efectos de la lesión. En consecuencia, remitió el expediente a los juzgados de Cali. Posteriormente, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Cali advirtió que la acción había sido radicada en Popayán por el apoderado, quien reside en esa ciudad, y que allí se esperaba la respuesta a la petición. Por ello, entendió que la presunta vulneración se produce en Popayán y consideró que no era competente para conocer del asunto, generándose así un conflicto negativo de competencia entre ambos juzgados.

Fundamentos jurídicos de la decisión

La Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Penal, fue llamada a dirimir el conflicto. La Sala recordó que, conforme al artículo 18 de la Ley 270 de 1996 y el numeral 4 del artículo 32...