Contexto y tribunal competente

El concepto fue emitido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, máxima instancia judicial de Colombia en materia penal, en el marco de un trámite de extradición. La providencia corresponde a un auto proferido en julio de 2025, con número de radicación 68674, que responde a la solicitud formulada por el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de su Embajada en Colombia.

Antecedentes del caso

La solicitud de extradición se inició con una Nota Verbal del Gobierno de los Estados Unidos en noviembre de 2018, dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, en la que se requería el arresto provisional y la extradición de un ciudadano con doble nacionalidad colombo-ecuatoriana, señalado de participar en actividades de tráfico ilícito de estupefacientes y concierto para delinquir. El Ministerio Público colombiano, a través de la Fiscalía General de la Nación, decretó la captura del requerido, que fue efectuada en enero de 2025 por la policía nacional en la ciudad de Puerto Asís, Putumayo. Posteriormente, la solicitud fue formalizada en marzo de 2025 y remitida a la Corte Suprema para su trámite judicial. Durante el proceso, se realizaron las audiencias correspondientes, se otorgó personería jurídica al defensor designado por el requerido, y se llevó a cabo la verificación de antecedentes penales para garantizar el respeto al principio de non bis in ídem, descartando procesos previos en Colombia por los mismos hechos.

Consideraciones jurídicas de la providencia

La Corte Suprema fundamentó su decisión en un examen riguroso de los requisitos constitucionales y legales para la extradición previstos en la Constitución Política de Colombia y en el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004). En primer lugar, se descartaron las causales de improcedencia establecidas en el artículo 35 de la Constitución, tales como la naturaleza política del delito, la ocurrencia de los hechos antes de la vigencia del acto legislativo que regula la extradición, y la comisión de los delitos exclusivamente en territorio colombiano. La Corte subrayó que los delitos imputados, relacionados con el tráfico ilícito de drogas y concierto para delinquir, son de naturaleza común y que las conductas ocurrieron en parte fuera del territorio nacional, incluyendo conexiones internacionales. Respecto a la prohibición de doble juzgamiento, se verificó que no existían procesos penales abiertos ni sentencia previa en Colombia contra el requerido por los mismos hechos, lo que asegura el respeto al principio de non bis in ídem. En cuanto a los requisitos formales, la Corte constató que la solicitud de extradición fue presentada por la vía diplomática correspondiente y acompañada de la documentación debidamente certificada y apostillada, incluyendo la acusación formal emitida por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California. La plena identidad del solicitado fue acreditada mediante cotejo de documentos oficiales y peritajes dactiloscópicos que confirmaron la coincidencia de huellas dactilares con los registros nacionales. La equivalencia de la providencia extranjera con el escrito acusatorio nacional fue reconocida, destacando que el indictment estadounidense cumple con la función procesal equivalente al escrito de acusación en Colombia, con una narración clara de los hechos, cargos y fundamentos legales. Finalmente, la doble incriminación fue confirmada al comparar los delitos imputados en Estados Unidos con los previstos en el Código Penal colombiano, en particular los artículos relacionados con concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes, cuyo mínimo de pena privativa de la libertad supera los cuatro años, requisito indispensable para proceder con la extradición.

Condiciones impuestas para la entrega

El concepto favorable fue emitido con condicionamientos orientados a garantizar los derechos humanos y procesales del extraditado. Entre ellos, se estableció que:

El extraditado solo podrá ser sancionado por los hechos que motivaron la solicitud y no podrá ser entregado a terceros sin autorización.
Se debe garantizar que no se impondrá pena de muerte, ni penas de destierro, prisión perpetua o confiscación.
Se prohíbe la desaparición forzada, la tortura y cualquier trato cruel, inhumano o degradante.
Se deben respetar las garantías procesales, incluyendo el derecho a un defensor y a un traductor.
Se debe asegurar un trato digno durante la privación de la libertad, con fines de reforma y adaptación social.
Se debe facilitar el contacto regular con sus familiares y garantizar la atención médica necesaria acorde con su estado de salud.
Se reconoce el tiempo de privación de libertad sufrido por el extraditado en Colombia como parte de la pena.
Se notificará a la República del Ecuador sobre la extradición del ciudadano con doble nacionalidad.

Conclusión del auto

Con base en el análisis detallado de la documentación y los informes recibidos, la Sala de Casación Penal concluyó que se satisfacen las exigencias constitucionales y legales para emitir un concepto favorable a la extradición solicitada por Estados Unidos. El auto ordena comunicar la decisión al requerido, a su defensor, al Ministerio Público y a la Fiscalía General de la Nación, y remitir el expediente al Ministerio de Justicia y del Derecho para las actuaciones posteriores conforme a la ley. Esta providencia reafirma el compromiso de Colombia con la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado transnacional, asegurando el respeto a las garantías y derechos fundamentales durante los procesos de extradición. De esta manera, se fortalece la justicia penal y la seguridad regional, contribuyendo a la erradicación del narcotráfico y otros delitos conexos que afectan la estabilidad y el bienestar de la sociedad.

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Corte Suprema de Justicia emite concepto favorable sobre solicitud de extradición por delitos de narcotráfico

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