Providencia judicial en segunda instancia confirma negativa de tutela por demora excesiva

La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia profirió un auto que confirma la sentencia de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en segunda instancia, respecto a una acción de tutela presentada contra dos juzgados civiles municipales y un banco. La tutela pretendía la restitución inmediata de un vehículo automotor retenido desde junio de 2024, alegando violaciones a derechos fundamentales como el debido proceso, acceso a la administración de justicia, habeas data, propiedad privada y dignidad humana.

Antecedentes fácticos y procesales

La accionante obtuvo en 2022 un crédito con garantía mobiliaria sobre un vehículo. Luego de realizar pagos regulares, presentó un retraso en 2023. En enero de 2024 se celebró una novación crediticia con la entidad financiera, que según su criterio extinguió la obligación anterior. Sin embargo, sin que existiera mora en las obligaciones, el juzgado admitió una solicitud de pago directo y ordenó la aprehensión del vehículo en marzo de 2024, materializándose la retención en junio del mismo año. La accionante interpuso recursos contra dicha medida, que fueron negados o declarados inadmisibles. Posteriormente, en junio de 2025, interpuso la acción de tutela buscando la devolución inmediata del vehículo en condiciones óptimas, la suspensión de cualquier ejecución sobre la obligación supuestamente extinguida, medidas de no repetición y la indemnización por perjuicios materiales y morales. Además, solicitó que se oficie a la Fiscalía General de la Nación para investigar posibles irregularidades.

Consideraciones de la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema confirmó la negativa de la tutela, basándose principalmente en el incumplimiento del requisito de inmediatez, indispensable para la procedencia de esta acción constitucional. La Sala resaltó que entre la última providencia judicial que resolvió sobre la devolución del vehículo (septiembre de 2024) y la interposición de la tutela pasaron más de nueve meses, superando ampliamente el término razonable de seis meses reconocido en la jurisprudencia para ejercer este mecanismo. Se enfatizó que la acción de tutela está destinada a proteger derechos fundamentales de forma urgente y eficaz, por lo que la demora en su ejercicio puede interpretarse como una aceptación tácita de la situación o como indicio de que la vulneración no reviste carácter actual o grave. En este caso, no se presentó justificación válida que explique la demora para acudir a la tutela. Además, la Sala precisó que las pretensiones relativas a indemnizaciones por daños materiales o morales, la nulidad de actuaciones judiciales previas y la solicitud de medidas penales exceden los fines de la acción de tutela, que no es procedente para resolver controversias patrimoniales o procesales complejas. En este sentido, dichos asuntos deben ser planteados ante las instancias judiciales ordinarias o autoridades competentes de forma directa. Por otra parte, la Corte recordó que corresponde a la interesada acudir directamente a la Fiscalía General de la Nación para denunciar posibles irregularidades penales, desconociendo la viabilidad de que tal petición sea tramitada en el contexto de la tutela.

Decisión y remisión a la Corte Constitucional

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia de segunda instancia que negó la tutela por falta de inmediatez y por ser improcedentes las demás pretensiones formuladas. Se ordenó además comunicar esta decisión por el medio más ágil y remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en cumplimiento de los procedimientos constitucionales. Esta providencia reafirma la importancia del respeto a los requisitos formales y temporales para el ejercicio adecuado de la acción de tutela, así como la delimitación clara de sus fines, orientados a la protección inmediata de derechos fundamentales y no a la solución definitiva de controversias patrimoniales o procesales. Con esta decisión, la Corte Suprema sienta un precedente relevante sobre la adecuada utilización de la acción de tutela, recordando a los ciudadanos y abogados la necesidad de actuar dentro de los plazos establecidos para garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales y evitar la improcedencia por cuestiones formales.

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