Providencia judicial en tutela sobre medidas cautelares en proceso ejecutivo

La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 30 de julio de 2025, resolvió la impugnación contra el fallo proferido el 2 de julio de 2025 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el marco de una acción de tutela instaurada contra el Juzgado Veinte Civil del Circuito de la misma ciudad. El proceso ejecutivo de fondo está identificado con la radicación n.º 2025-00013.

Antecedentes fácticos y procesales

El accionante solicitó la protección de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, reclamando que el juzgado ordenara dentro de las 40 horas siguientes a la notificación de la providencia, el levantamiento de las medidas cautelares que pesan sobre sus cuentas bancarias y la suspensión del proceso ejecutivo que lo afecta. Alegó que dichas medidas —embargo y secuestro de inmuebles y cuentas bancarias decretadas en febrero de 2025— le estaban causando un perjuicio irreparable en su historial crediticio y en la estabilidad económica de su familia. En el desarrollo procesal, las partes celebraron una transacción que contemplaba la suspensión del proceso y el levantamiento de las medidas cautelares sobre las cuentas bancarias, así como la entrega de títulos judiciales aportados al proceso. Esta transacción fue puesta en conocimiento del juzgado en abril de 2025. Sin embargo, el actor destacó que, pese a la transacción y el tiempo transcurrido, el juzgado no se había pronunciado formalmente sobre el levantamiento de las medidas cautelares, lo que mantenía bloqueadas sus cuentas en varias entidades financieras. Por su parte, el Juzgado Veinte Civil del Circuito explicó que ya se había superado el objeto de la tutela, pues mediante auto del 25 de junio de 2025 se ordenó la suspensión del proceso, el levantamiento del embargo sobre las cuentas bancarias y la entrega de depósitos judiciales a favor de la sociedad demandante. Además, señaló que fue la misma dependencia judicial la encargada de la custodia del expediente y que la información estaba disponible para consulta pública en la página web de la Rama Judicial.

Decisión del Tribunal Superior y réplica del accionante

El Tribunal Superior de Bogotá desestimó la tutela por considerar que el amparo solicitado carecía de objeto debido a que el juzgado ya había dictado las providencias solicitadas para suspender el proceso y levantar las medidas cautelares. A pesar de ello, el accionante replicó argumentando que la orden de levantamiento no se había materializado plenamente, debido a la ausencia de un oficio secretarial que indicara el desembargo efectivo.

Consideraciones de la Corte Suprema de Justicia

La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural examinó las pretensiones de la impugnación y confirmó el fallo de primera instancia. La Corte constató que, aunque hubo una demora en la comunicación dirigida a las entidades financieras, el juzgado sí realizó las gestiones necesarias para cumplir con la providencia del 25 de junio de 2025. En efecto, el juzgado envió una comunicación oficial a los bancos involucrados el 22 de julio de 2025, instruyendo el levantamiento de la medida cautelar sobre las cuentas del accionante. La Corte enfatizó que, en la vía de tutela, no resulta procedente impartir órdenes respecto a circunstancias superadas o que hayan cambiado su naturaleza desde la presentación de la acción. En consecuencia, consideró que la situación procesal no justificaba la intervención solicitada por el accionante en esta etapa.

Decisión final

Por lo anterior, la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá que desestimó la tutela, ratificando la suspensión del proceso ejecutivo y el levantamiento de las medidas cautelares sobre las cuentas bancarias. La providencia ordena la notificación y el cumplimiento de esta decisión, y remite el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta resolución pone de manifiesto el funcionamiento del control judicial en materia de medidas cautelares dentro de procesos ejecutivos, así como los límites y condiciones para la procedencia de la tutela en estos casos, especialmente cuando las autoridades judiciales ya han cumplido con las medidas solicitadas, garantizando así la estabilidad jurídica y la protección efectiva de los derechos fundamentales en el marco procesal.