Providencia judicial en segunda instancia sobre tutela inmobiliaria

La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, en sesión del 30 de julio de 2025, dictó un auto que confirmó la sentencia de rechazo a una acción de tutela interpuesta contra diversas autoridades judiciales y administrativas de Santa Marta. La tutela fue promovida por un representante de una asociación de familias sin vivienda y buscaba la protección de derechos fundamentales relacionados con el debido proceso, la vivienda digna, la propiedad privada, la libre asociación y la vida.

Antecedentes fácticos y procesales

Los accionantes solicitaron, entre otros aspectos, el reintegro de la inscripción de dos escrituras públicas relacionadas con un predio ubicado en Santa Marta, así como la devolución del inmueble, la activación de una licencia de construcción y el pago de daños y perjuicios a favor de 120 familias afectadas. Estos hechos se derivan de un proceso penal seguido contra el representante legal de la asociación, quien fue absuelto de los delitos de estafa, falsedad en documento público y privado, debido a la ausencia de pruebas concluyentes. Posteriormente, la acción penal fue declarada extinguida por prescripción, y las pretensiones civiles en procesos de reparación directa contra la Fiscalía General de la Nación no prosperaron ante el Tribunal Administrativo y el Consejo de Estado. Durante el trámite, los tribunales penales y administrativos señalaron la legalidad de sus actuaciones y la inviabilidad del amparo, resaltando que los promoventes no habían agotado las vías ordinarias para resolver sus inconformidades.

Consideraciones centrales de la providencia

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema desestimó...